Recordatorio de una infamia: la violencia criminal contra la democracia en Puebla. Hace un mes a los poblanos nos regresaron sin pudor alguno a 1940. Y pareciera ser que los ataques a balazos contra las casillas electorales orquestados por un grupo de poder fáctico no son prueba suficiente para declarar ilegal la elección del 1 de julio para el gobierno del estado de Puebla; y que los actores de la vida pública en Puebla, particularmente en la oficina del gobernador Gali, pueden seguir como si nada hubiera ocurrido y con ocurrencias absurdas como las de los barquitos para limpiar Valsequillo.

Es una tragedia y es intolerable.

Un mes después las preguntas se sostienen: ¿Quién ordenó los asaltos?, ¿quién operó los ataques?, ¿qué funcionarios públicos estuvieron involucrados en el dispositivo que organizó a las bandas que asolaron decenas de secciones electorales? ¿Y quién lo está investigando? ¿Los detectives de la FEPADE siguen la huella de los hampones de barrio y los sicarios de cárteles y las redes delincuenciales colgadas de los despachos de seguridad pública? ¿Existen acaso tales investigadores? Y más, ya en esta tanda de preguntas inútiles: ¿qué sentido tiene hablar de democracia si hechos así pueden pasar como si fueran asuntos banales que como tantos asesinatos y ejecuciones se agolpan en las primeras planas por un par de días para perderse después en el polvo de las desgracias que les pasan otros, los infortunados de la vida nuestra?

Es el relato de la infamia caciquil que nos debemos en Puebla.

Yo sigo en busca de mi voto violentado a balazos en la Sección 1187 de San José Mayorazgo. Y les informo que no he recibido de parte del tribunal estatal electoral respuesta alguna a mi queja de inconformidad. No sé qué será de las impugnaciones que metieron los partidos políticos afectados por la suma de eventos criminales que se resumen en esa consigna genética que denominamos fraude electoral.