Senadores del Partido del Trabajo acusaron al gobierno estatal de Antonio Gali Fayad de montar un operativo en todo el estado de Puebla “para atropellar la voluntad popular” durante la jornada electoral del pasado 1 de julio.

“Al agravio a la democracia que se perpetra a través de la sistemática, ilegal y aviesa intervención del gobierno estatal para favorecer a la candidata de la coalición partidista en el poder, se suma la omisión del Instituto Estatal Electoral de Puebla frente a esa intervención gubernamental”, denunciaron.

Destacaron que el día de la elección el propio Instituto Nacional Electoral (INE) detectó diversas irregularidades en distintos municipio del estado de Puebla, desde la nula vigilancia de policías estatales y federales, hasta el robo de urnas y paquetes electorales, la quema de boletas y la presencia de sujetos encapuchados que destruyeron material electoral.

Incluso, aseguran que hubo capacitadores asistentes electorales heridos y otros más secuestrados

“Quienes ostentan el poder en el gobierno de Puebla temen al llamado a la rendición de cuentas que tienen con la sociedad mexicana”, recalcaron los senadores del PT.

“Hoy los partidos en el gobierno estatal temen perder el poder porque por medio de éste se han enriquecido, han hecho negocios con la política; han abusado de ese poder y han delinquido con él. Lo han pervertido porque en lugar de servir a la sociedad se han servido a ellos mismos”, insistieron.

Por ello, la bancada del Partido del Trabajo en el Senado de la República pidió que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión condene de manera enérgica los actos de violencia ocurridos en el estado de Puebla durante la jornada electoral del pasado 1 de julio.

También pidió que de manera urgente se solicite al Instituto Electoral, tanto federal como estatal de Puebla, que garanticen la autenticidad de la voluntad ciudadana.

Y que el INE, de oficio, investigue al gobierno estatal de Puebla, “por la comisión de actos que vulneran de manera grave los  principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en los procesos electorales”.