Desde el Senado de la República se hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado de Puebla para que esclarezca de inmediato la muerte del defensor y activista del medio ambiente, Manuel Gaspar Rodríguez, asesinado el pasado 14 de mayo.

 El tema lo llevó al seno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la legisladora sin grupo parlamentario, Martha Tagle Martínez, quien expresó su preocupación por el incremento de asesinatos contra activistas y organizaciones defensoras de derechos ambientales.

Recordó que Gaspar Rodríguez, representante estatal del Movimiento Independiente Obrero, Campesino Urbano y Popular de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNPA-MN), era considerado un defensor del derecho del territorio y del agua del municipio de Cuetzalan, Puebla, y quien denunció públicamente la colusión que existe entre autoridades tanto federales como estatales con empresas particulares para la realización de "proyectos de muerte" en las cuencas hidrológicas poblanas.

Incluso, dijo, Gaspar Rodríguez, estaba sujeto a una querella interpuesta ante la PGR por la Comisión Federal de Electricidad, debido a su oposición al proyecto de una subestación eléctrica que se pretende construir en Cuetzalan.

La legisladora destacó que en tan sólo un año, México pasó del lugar catorce al número cuatro, en la lista de países más "mortales" para los defensores del ambiente, según el reporte que de manera conjunta presentaron la organización Global Witness y el periódico británico The Guardian.

 Mientras que el Relator Especial de la ONU, Michael Forst, reportó que en tan sólo en diez meses del 2017 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de nuestro país registró 275 ataques contra defensores de los derechos humanos. Aunque organizaciones civiles presentaron al comisionado documentos que dan cuenta de 750 violaciones de derechos humanos a defensores, tan sólo entre enero y mayo del mismo año.

 “Dicho informe hace mención de la manera en la que medios de comunicación masivos con algún tipo de interés en torno a los proyectos, han criminalizado a las y los integrantes de organizaciones defensoras del territorio y medio ambiente, al calificarlos como obstáculos para el crecimiento y desarrollo de la región, lo que desencadena y perpetúa la violencia y denostación hacia ellas y ellos”, advierte la legisladora.

Por ello, a través de un punto de acuerdo pidió que la Comisión Permanente condene y exprese su preocupación por el incremento de asesinatos perpetrados contra activistas y organizaciones defensoras de derechos ambientales, así como por la impunidad existente en estos casos.

Y que haga un llamado a la Fiscalía General del Estado de Puebla a intensificar las investigaciones de los hechos relacionados con la muerte del defensor y activista del medio ambiente, C. Manuel Gaspar Rodríguez, de manera pronta, expedita y objetiva.