Para el control de la corrupción, los estados de la República deben contar con fiscalías generales independientes, acceso público a las auditorías, Padrón Único de Beneficiarios de servicios estatales, y un reducido número de pagos en efectivos.

Así lo propone  la organización Mexicanos contra la Corrupción en el documento “Once compromisos de política pública para avanzar en el control efectivo de la corrupción”, que divulgó este martes.

Según esa organización, “ninguna entidad del país está exenta de la necesidad de fortalecer sus instituciones de control a la corrupción, de vigilar y acatar las resoluciones de los órganos fiscalizadores y de investigación”, razón por la cual propone “un mínimo de 11 compromisos de política pública para el control efectivo de la corrupción en las entidades federativas del país”.

Los compromisos se enlistan así:

1. Un gobierno que impulse la creación de Fiscalías Generales que garanticen independencia, autonomía y fortaleza institucional para la adecuada persecución e investigación de los delitos.

2. Las observaciones de las auditorías internas y externas (órganos de fiscalización estatal y federales) deben ser públicas y accesibles, también el nivel de funcionarios públicos involucrados, recuperaciones financieras y avances relevantes en las investigaciones.

3. Un gobierno sin archivos de papel que cumple tanto con la Ley General de Transparencia como con la Ley de Archivos.

4. Un gabinete que voluntariamente publique la “3de3” en la plataforma de IMCO y Transparencia Mexicana, en tanto entra en vigor la obligación de hacerlo a través de la Plataforma Nacional Digital (PND-SNA).

5. Un gobierno que tenga un Padrón Único de Beneficiarios para los servicios públicos provistos por el gobierno estatal, incluidas las acciones y programas de desarrollo social. Un gobierno con un Catálogo de Programas Sociales y Acciones de Desarrollo Social.

6. Un gobierno con adecuada planeación para los proyectos de infraestructura con requisitos que aseguren pertinencia y sustentabilidad; un gobierno que publica la información sobre contrataciones y obras públicas con los estándares nacionales e internacionales de datos abiertos.

7. Un gobierno que impulse a nivel nacional una Ley General de Adquisiciones y Obras Públicas.

8. Un gobierno que informe sobre pasivos, pagos pendientes y obras inconclusas para todas las dependencias de manera oportuna.

9. Un gobierno que compra a través de Compranet como lo establece la PND-SNA.

10. Un gobierno que reduce el número de pagos en efectivo.

11. Un gobierno comprometido con el Sistema Nacional Anticorrupción que no pone trabas al sistema local y asegura su independencia y eficacia.