El nuevo fiscal Anticorrupción debe garantizar independencia en su actuar y compromiso para resolver los asuntos pendientes que heredará Enrique José Flota Ocampo, quien renunció al cargo para asumir la dirección del Instituto Oriente.

Así lo exigió el presidente del Sindicato Nacional de Empresarios de México (Sindemex), Francisco Romero Serrano quien enfatizó que la principal inconformidad de los poblanos es la procuración de justicia y seguridad.

“El mensaje para este personaje  -Flota Ocampo- es que haga una autoevaluación en su actuación, para saber si cumplió o no con los poblanos, realmente migrar no está prohibido, es derecho constitucional al trabajo, pero habría que considerar si como servidor público quedo o no satisfecha la ciudadanía”, planteó.

Cabe señalar que el primer fiscal Anticorrupción tenía a su cargo la investigación por la nueva hipótesis de desaparición de Paulina Camargo Limón, después de dos años de que la Fiscalía General del Estado no logró acreditar que la joven haya sido asesinada por José María Sosa.

“No hay norma jurídica que impida que se vaya por casos sin resolver, o que los tenga dejar terminados, no obstante solicitamos que su relevo actúe con la mayor eficacia posible y dé rapidez para atender los casos quedaron inconclusos”, agregó.

Flota Ocampo fue nombrado por Víctor Carrancá Bourget como fiscal Anticorrupción el 24 de abril 2017, y fue el 27 del mes pasado cuando se anunció su llegada como director del Instituto Oriente en Puebla.

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Piden no politizar concesión del agua

En otro tema, Romero Serrano solicitó a los candidatos a un cargo de elección “no politizar” el tema del agua en Puebla prometiendo la revocación de la concesión que otorgó el morenovallismo.

Señaló que es competencia del Congreso del estado resolver y sancionar los excesos en los que incurra pues es quien tiene facultades para actuar de esta manera.

Calificó como “ocioso” que prometan resolver el problema y que los ciudadanos tengan que esperar hasta que tomen protesta al cargo, pues recalcó que es competencia del legislativo actuar al respecto.