A menos de un año de que termine el periodo atípico de cuatro años y ocho meses de las actuales autoridades municipales, el Congreso del Estado ha recibido 18 denuncias de enero a la fecha por conflictos en 13 municipios que van desde peticiones de investigar asesinatos de precandidatos, solicitudes de revocación del mandato, supuesta desviación de recursos y otras irregularidades en los Cabildos. 

Destaca el caso de Tlacotepec de Benito Juárez cuyo edil fue destituido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al incurrir en desacato, en tanto que entre los 18 municipios hay tres que se ubican en el llamado Triángulo Rojo del huachicol.

Desestabiliza a municipio destitución de su Cabildo

El 16 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la destitución y consignación penal de todos los integrantes del ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez, incluido el edil Pablo Pérez Maceda, por desacato a una sentencia judicial.

La determinación provocó una serie de problemas de gobernabilidad que fueron ventilados ante los diputados locales. 

En la sesión ordinaria del 14 de febrero el presidente municipal sustituto informó sobre la instalación en su totalidad del nuevo Cabildo.

Sin embargo para el 28 de febrero el síndico municipal y los regidores sustitutos solicitaron la separación definitiva del encargo que desempeñaban los exfuncionarios destituidos.

Fue hasta la sesión del 25 de marzo del pleno del Congreso que se informó sobre la designación del ayuntamiento sustituto.

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Municipios de la franja del huachicol con conflictos

Entre los municipios con conflictos destacan tres que se ubican en la franja del huachicol, es decir, Palmar de Bravo (con dos denuncias), así como Tecamachalco y Quecholac con uno, respectivamente.  

El 26 de marzo el Congreso recibió un oficio de la Secretaría General de Gobierno en el que los regidores informan sobre supuestas irregularidades del presidente municipal sustituto de Palmar de Bravo, Miguel Vélez Severino. 

El 5 de julio de 2017, el edil electo de manera constitucional Pablo Morales Ugalde fue detenido por la Procuraduría General de la República (PGR) por sus presuntos vínculos con el robo de combustible.

Asimismo, en la sesión ordinaria del 25 de marzo los regidores del ayuntamiento de Tecamachalco solicitaron la firma de un convenio de seguridad con el gobierno del estado. 

Este es uno de los municipios más afectados por la delincuencia organizada, así como por el robo de vehículo, entre otros delitos. 

El 7 de febrero los regidores del ayuntamiento de Quecholac, también ubicado en la zona, denunciaron supuestas irregularidades cometidas por el secretario general de la comuna.

Exigen investigación de homicidio en Ocoyucan

El pasado 7 de marzo, el diputado independiente Julián Peña Hidalgo presentó un exhorto a la Fiscalía General del Estado para que investigue a fondo el asesinato de Aarón Varela Martínez, pre candidato de Morena a la presidencia municipal de Santa Clara Ocoyucan, así como otros homicidios cometidos en el lugar. 

En abril el ciudadano Mauro Vera Ocotoxtle y otros vecinos solicitaron el nombramiento de un Concejo Municipal, ante el clima de inseguridad que se vive en el municipio.

Solicitan investigación contra el edil de Lafragua 

En febrero se solicitó al Congreso del estado una investigación en contra del edil de Lafragua, Eufracio Raúl Montes Hernández, que se ratificó en una sesión posterior. 

Hay que recordar que hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegó una denuncia en contra del munícipe por desacato.

Piden revocación de mandato o cuentas a ediles 

En el Congreso local también se ventiló la solicitud de regidores del ayuntamiento del municipio de Tlachichuca para revocar el mandato del edil Uruviel González Vieyra. 

En 2017 el entonces presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo, denunció a tres ediles, entre estos González Vieyra ante la Fiscalía del Estado, por el adeudo de sus quincenas a regidores por un monto de 1.4 millones de pesos.

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El 12 de abril, integrantes de la junta auxiliar de San Agustín Ahuehuetla, perteneciente al municipio de Huehuetlán El Grande, pidieron cuentas al ayuntamiento sobre el manejo de las participaciones federales.

Cabe recordar que el 2 de agosto de 2016 fue asesinado a balazos el edil de este municipio, José Santamaría Zavala, mientras circulaba por la carretera de acceso al municipio.

En tanto, regidores del ayuntamiento de Ixcaquixtla solicitaron la revocación del cargo del presidente municipal, Tomás Romero Reynoso, por supuestas anomalías en su desempeño.  

Asimismo, el edil de Epatlán, Arturo Bravo Santamaría, informó al Congreso sobre la revocación del mandato de la regidora de Salubridad, Grupos Vulnerables y Asistencia Pública, así como la toma de protesta de la regidora Suplente.

Interacciones denuncia anomalías en Teziutlán

El 6 de abril el Congreso del estado recibió un oficio por parte del Banco Interacciones a través del cual denunció supuestas violaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado, cometidas presuntamente por funcionarios del municipio de Teziutlán, Puebla.

En marzo vecinos del municipio de Ixtepec pidieron cuentas a su edil, Francisco Guzmán Vázquez, a quien le pidieron que les reintegre la aportación económica que realizaron en el año 2014 para obtener una vivienda de Fonhapo.

Previamente, en enero pasado durante la sesión del 1 de febrero regidores del ayuntamiento de Atzitzihuacán reportaron supuestas irregularidades y omisiones en la celebración de sesiones de Cabildo.