De la deuda total de Puebla por 20 mil 455 mdp, el 73.5 por ciento, equivalente a 15 mil 40 mdp, deriva del concepto “Otros pasivos,” que no se desglosan  en el informe del gobierno del estado sobre obligaciones financieras al cierre de 2017

En su reporte más reciente, el gobierno poblano dio a conocer que la deuda pública del estado y la que mantiene con instituciones crediticias, suman 5 mil 414 millones ,756 mil 625 de pesos.

Pero se registra además un rubro por 15 mil 40 millones 362 mil pesos, considerado como “otros pasivos”, es decir, que la información relacionada con acreedores o con fechas de término de esos compromisos financieros no está desglosada.

En 2016 ese concepto sumaba 17 mil 575 millones 438 mil 566 pesos y al cierre de 2017 fue de 15 mil 40 millones 362 mil pesos, lo que hizo una diferencia de 2 mil 535 millones, equivalentes a 14.4 por ciento, de acuerdo con los registros oficiales de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA).

La deuda total, de 20 mil 455 mdp al finalizar 2017, resultó de una disminución de 11 por ciento  respecto a 2016, cuando se ubicó en 23 mil 97 millones 769 mil 363 pesos. La diferencia es de 2 mil 642 millones 650 mil 737 pesos menos.

En diciembre de 2016, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) señaló en su informe “Deuda estatal, problema público nacional” que en esa fecha Puebla representaba el caso más grave entre las entidades del país que no han transparentado el total de su deuda, con pasivos que ascendían a 24 mil 655 millones de pesos.

Las obligaciones financieras de la entidad crecieron a raíz de la contratación de proyectos mediante el esquema APP o el conocido como Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), como el Museo Internacional Barroco (MIB), el Centro Integral de Servicios (CIS) y las plataformas de la armadora Audi.

Por su parte, en el informe correspondiente a la revisión de la cuenta pública federal 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) -el máximo órgano fiscalizador en el país-, advirtió que  los proyectos de Asociación Público Privada (APP) del gobierno de Puebla representan una presión para sus finanzas y lo obligan a incrementar sus recursos propios y  crear mecanismos para transparentar estos compromisos financieros.

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