Gustavo Castillo y Néstor Jiménez/La Jornada

Con el argumento de que Elba Esther Gordillo Morales podría desestabilizar la paz y la seguridad del Estado mexicano, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó y logró que el juzgado sexto de distrito modificara las medidas cautelares concedidas como parte de la prisión domiciliaria a la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Desde ayer, con la autorización judicial, se restringieron para Gordillo Morales –quien se encuentra en prisión domiciliaria desde el 16 de diciembre pasado– llamadas telefónicas, visitas, acceso a Internet y a otros medios de comunicación.

Los abogados de la ex lideresa deberán entregar entre este jueves y mañana un listado con los nombres de quienes podrán visitar a su defendida y éstos serán sometidos a la aprobación del Ministerio Público Federal (MPF), en caso contrario se suspenderán temporalmente las visitas.

Resolución ilegal y draconiana

El abogado Marco Antonio del Toro difundió un comunicado de prensa en el cual señala que el acuerdo judicial se estima ilegal y draconiano, y “esta mordaza, propia de regímenes totalitarios, no hace sentido con el beneficio de la prisión preventiva domiciliaria, ya que consiste en el beneficio del adulto mayor con precario estado de salud de permanecer en su residencia en tanto se concluye el proceso penal que se le sigue.

Las medidas de seguridad deben instrumentarse únicamente para que el adulto mayor no abandone dicho domicilio. A eso deben constreñirse. De ninguna manera faculta a autoridad alguna para introducirse en el domicilio, revisar mensajes de texto, correos electrónicos, escuchar conversaciones, oír llamadas.

Por esta razón, los defensores de la ex lideresa del SNTE presentaron un recurso de amparo que, de acuerdo con fuentes judiciales, podría ser del conocimiento del juzgado cuarto de distrito, que ya ha conocido de otros recursos relacionados con Gordillo Morales, y este viernes podría definir si le otorga una suspensión provisional que impida la continuación de esas medidas.

Las limitaciones para Elba Esther Gordillo fueron aprobadas por el juez sexto de distrito, Alejandro Caballero Vértiz, ante quien se desahoga el único juicio pendiente que enfrenta la ex dirigente del SNTE por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita –por un monto cercano a 2 mil millones de pesos– y delincuencia organizada.

La semana pasada, la defensa de Gordillo solicitó al juzgado sexto que analice la posibilidad de declarar inocente a su cliente, al considerar que se han desvanecido las pruebas con las cuales se solicitó su detención por delincuencia organizada y lavado de dinero.

En ese contexto, en varias entidades del país integrantes del SNTE que simpatizan con Gordillo Morales presentaron amparos –que están en trámite– contra la toma de nota con la cual se designó a Juan Díaz de la Torre líder de la organización magisterial en 2013, y que esta semana fue ratificado en el cargo en un congreso nacional.

El lunes pasado, el MPF solicitó la restricción de visitas y llamadas telefónicas para Elba Esther Gordillo.

En su argumentación, la PGR explicó al juez Caballero Vértiz que Gordillo Morales fungió como presidenta del SNTE, posición que implicó una relevancia y trascendencia social significativa en las personas sobre las cuales ejerce autoridad moral, por lo que el uso desmedido de los medios de comunicación que tiene a su alcance, evidentemente, podrían desestabilizar la paz y seguridad del Estado mexicano; por tanto, resulta imperioso que se establezca un régimen de control de comunicaciones para dar cumplimiento de forma adecuada a la medida de seguridad concedida en su momento y evitar un descontrol que permita perder el sentido y esencia de la prisión domiciliaria.

Indicó que no se trata de vulnerar o limitar los derechos de Gordillo Morales y que sólo solicitó llevar un control adecuado, dada su condición de procesada, “pues es de recordar que no se encuentra en libertad absoluta, sino que su situación jurídica está subjudice, es decir, bajo proceso penal por delitos considerados graves”.

En su escrito, la autoridad federal señala que el personal adscrito a la Agencia de Investigación Criminal desplegado para vigilar a la procesada Elba Esther Gordillo, no tiene la posibilidad de observar directa y permanentemente el interior del departamento destinado para la prisión preventiva domiciliaria.

Con esta decisión judicial, Gordillo Morales no puede recibir amistades que no sean consideradas de buena reputación y estén incluidas en una lista de visitas aprobadas por la PGR; se restringen las comunicaciones vía telefónica, mensajes de texto y correos electrónicos.

Los defensores de la ex dirigente magisterial señalaron que la sentencia de amparo que dio lugar a la prisión preventiva domiciliaria fue enfática en que dichas medidas cautelares no deben trastocar derechos fundamentales, como ahora se pretende con base en criterios que parecen más políticos que jurídicos.

El juez acordó lo que correspondía

Acerca de estas medidas, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales y encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, dijo: tenemos la obligación de revisar que se dé cumplimento a las medidas cautelares determinadas por la autoridad judicial, se hizo una revisión, una valoración, se presentó una promoción ante el juzgado y el juez acordó lo que correspondía.

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