El Impuesto al Valor Agregado (IVA) que la empresa Agua de Puebla Para Todos comenzó a cobrar desde diciembre por el servicio de drenaje es inconstitucional, señaló la Asamblea Social del Agua (ASA).

De acuerdo con el abogado Omar Jiménez Castro, el artículo 27 de la Constitución de México es claro en cuanto a este tipo de recursos y la decisión del cobro tendría que tomarla el Congreso de la Unión.

Como activistas, adelantó, buscarán ir en contra de estos impuestos con el recurso del amparo que ya han empleado en contra de otros cobros que la empresa ha realizado.

"Aquí lo que ha sucedido es que cobran lo que son multas, recargos, reconexión y ahora el IVA, y eso es únicamente facultad del Congreso de la Unión", explicó el litigante.

Algunas experiencias exitosas en temas similares, agregó, se encuentran en el caso del estado de Quintana Roo en donde la empresa que ahí opera también cobró impuestos y desde el activismo se recurrió a amparos.

Según las experiencias que han conocido de quienes se acercan a la ASA para promover amparos, los costos por el servicio de drenaje van de 130 pesos mensuales hasta 40 mil pesos, como el caso de una vivienda en que la empresa argumenta un cobro mayor por la operación de una recaudería.

De manera general prevén que este cobro por concepto de un impuesto extra está incrementando las tarifas hasta en un 20 por ciento.

El lunes en el Cabildo se aprobó que la Sindicatura analice el cobro del impuesto a fin de fijar un posicionamiento respecto al cobro de Agua de Puebla Para Todos.

Jiménez Castro explicó que si bien el Ayuntamiento tiene esa facultad para que el tema se cabildeé en el Congreso, lo hacen como una medida electorera en torno al proceso de 2018.

En el pasado, recordó, tanto los regidores como la Sindicatura tuvieron las mismas facultades para oponerse a la operación de la empresa y a sus abusos en cobros, pero no lo hicieron.