La defensa del dirigente social Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio, informó sobre una opinión emitida el 25 de agosto por el Grupo de Trabajo Sobre la detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que señala irregularidades en la detención acontecida en diciembre de 2014 y exige acciones del gobierno para resarcir daños.

De acuerdo con el abogado Samuel Porras Rugerio, el organismo internacional se basó en informes del Comité Cerezo México, especializado en derechos humanos y a su vez en la información que el gobierno del estado entregó al mismo, en algunos casos de manera tardía, sobre el caso del dirigente de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre.

"El grupo de trabajo está preocupado por la estrategia con intereses políticos de una querella en el caso que se relaciona con el gobernador del estado de Puebla. No dice su nombre, pero por la fecha de los sucesos, estamos hablando del año 2014 y en ese entonces el gobernador era Rafael Moreno Valle, dijo el abogado.

"La persecución de un individuo de esa manera es una práctica discriminatoria que viola el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, como consecuencia, hacen que el arresto y la detención de diciembre de 2014, hayan sido arbitrarios", explicó en rueda de prensa.

Dentro de la opinión del Grupo de Trabajo se describe la actividad de Sarabia Sánchez como defensor de los derechos humanos, las presiones y advertencias que en 2014 tuvo del titular de la Secretaría General de Gobierno de Puebla para que entregara el control de la UPVA y las características y motivos de su detención.

Más adelante describe cómo los procesos legales que se siguieron contra Sarabia fueron en contra de la libertad condicional por acusaciones previas que caducarían tres semanas después de su detención, así como irregularidades y diferencias entre las acusaciones por las que lo detuvieron y los delitos por los que lo procesaron.

Finalmente, el Grupo de Trabajo emite una opinión en la que hace un llamado al gobierno mexicano a resarcir lo acontecido durante los casi tres últimos años, sugiriendo incluso procesos de indemnización y reparación de daños.

"En vista de la opinión emitida, Grupo de Trabajo solicita al Gobierno de México que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Rubén Sarabia Sánchez sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", indica el punto 53 de la opinión.

Por otro lado se solicita que en un plazo de 6 meses, las autoridades y el Comité Cerezo, informen al grupo de trabajo sobre indemnizaciones, reparaciones, investigación a la violación de derechos humanos y enmiendas a leyes derivadas de este caso.

Sobre la opinión de la ONU,  Carolina González Barranco, quien encabeza el  Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión de la entidad, señaló la repercusión que esta forma de operar del morenovallismo ha tenido en otros presos políticos.

"La preocupación sería que en muchos casos ha quedado demostrada la fabricación de delitos y esta dilación y estos hechos que lo único que hacen es retardar los procesos", comentó la también académica. 

Según datos de esta organización, cuando  Moreno Valle dejó la gubernatura, sumaba  5 encarcelados, un condenado político, un arraigado en domicilio, 142 procesados en libertad y 186 órdenes de aprehensión no ejecutadas.

Durante la rueda de prensa se informó también de otras movilizaciones que la organización de comerciantes tiene programadas para las siguientes semanas.

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