El gobierno español acusará de rebelión a los impulsores de la independencia de la región de Cataluña.

Fuentes cercanas a la administración española indicaron que aún analizan si acusarán al gobierno catalán de rebelión, incluido el presidente Carles Puigdemont y al vicepresidente Oriol Junqueras.

En España, el delito de rebelión puede ser castigado con hasta 25 años de cárcel, pero la pena disminuye si no se produce violencia.

El parlamento catalán aprobó hoy la independencia de Cataluña en un votación secreta de 70 a favor y 10 en contra.

El gobierno de Cataluña se declaró la creación de su república y deberá iniciar un proceso legal para crear las resoluciones necesarias para el desarrollo de la Ley de Transitoriedad Jurídica y fundacional de la República.

En respuesta a la declaración de independencia catalana el gobierno español aplicará el artículo 155 de la Constitución española y cesará al presidente Carles Puigdemont y disolverá el parlamento catalán.

La administración del presidente español, Mariano Rajoy, tomará el control de las instituciones catalanas y deberá llamar a nuevas elecciones.

En el artículo 155 de la Constitución española se indica que cuando una región se aparta de la legalidad establecida, el gobierno debe aprobar un decreto para asumir las facultades regionales.

Para que el decreto pueda ser aplicado, debe ser aprobado por el Senado español con una mayoría absoluta.

Mariano Rajoy, presidente español, afirmó que se debe restablecer la normalidad, mantener la recuperación económica y celebrar elecciones en Cataluña.

Crédito de la foto Valencia Plaza

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