Cifras oficiales de Pemex señalan que hasta el año 2010, en el estado de Puebla se habían detectado 49 tomas clandestinas de combustible y para diciembre de 2016 ya existían mil 533 tomas, lo que significa que durante el gobierno de Rafael Moreno Valle ese delito se incrementó en 3 mil por ciento.

Así lo advirtió el diputado federal de Morena, Alejandro Armenta Mier, quien añadió que hasta el primer semestre del presente año Pemex tiene contabilizadas en Puebla un total de 2 mil 202 tomas clandestinas.

Ello, dijo, no sólo representan perdidas millonarias para Pemex, sino también una serie de afectaciones en la seguridad, economía y estabilidad social de los habitantes de los municipios donde más se presenta la extracción ilegal de combustible.

“En Puebla, los ductos atraviesan 28 municipios y al menos en 24 de ellos se han presentado tomas clandestinas, principalmente en la región de la Sierra Norte y en el ahora llamado Triángulo Rojo, ubicado en el centro del Estado por donde pasa el poliducto Minatitlán-México”, dijo.

El legislador federal destacó que las constantes fugas en las tomas clandestinas contaminan el suelo, el aire, y los cuerpos de agua e incluso los mantos acuíferos, daños que no se han atendido.

“Actualmente, desde San Martín Texmelucan hasta el municipio de Esperanza hay al menos 17 mil hectáreas de cultivo y más de 250 sociedades de pozos agrícolas en riesgo debido a su proximidad con ductos de Pemex, lo cual afectaría directamente a más de 6 mil productores de hortalizas, tuna, nopal, lechuga, entre otros”, advirtió.

Por ello, a nombre de su grupo parlamentario, el diputado Alejandro Armenta Mier presentó un punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados federal exhorte a Petróleos Mexicanos, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, y al Gobierno del Estado de Puebla; a cuantificar los daños ambientales y económicos ocasionados por los derrames de combustibles en tierras de cultivo y cuerpos de agua.

Además de que lleven a cabo las medidas necesarias para limpiar las tierras contaminadas por hidrocarburos.

Y que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, así como el Gobierno del Estado de Puebla, realicen el pago de indemnizaciones a los afectados por pérdida de cosechas, daños físicos, así como resarcir los daños ocasionados al ambiente.

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