Con la demanda de transparentar la discusión de la iniciativa #SinVotoNoHayDinero, Alberto Merlo Martínez apuntó que el Congreso del Estado está en posibilidades de aprobar una reforma que reducirá las prerrogativas para los partidos políticos.

En rueda de prensa, el  ex candidato a diputado federal independiente señaló que luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional el proyecto que impulsó Pedro  Kumamoto Aguilar en Jalisco, los legisladores locales contarán con el tiempo necesario para discutir el tema.

Para Merlo Martínez,  la discusión debe ser transparente y abierta hacia los activistas que promueven la disminución  del financiamiento público para los partidos políticos, la cual no se aplicaría para el proceso de 2018, pero sentaría un precedente para la elección intermedia de 2021.

El activista aseguró que tanto las bancadas del PAN, Verde Ecologista de México y de Movimiento Ciudadano podría sumarse al proyecto que la diputada del PRD, Socorro Quezada Tiempo presentó y que incluye  la disminución de 200 millones de pesos.

Incluso, mencionó que la iniciativa que presentó la bancada del PAN podría compararse con la de Quezada Tiempo y el fallo que emitió la SCJN por la propuesta de Kumamoto Aguilar, y de esta forma elaborar un documento que sirva para reducir el cálculo que el Instituto Electoral del Estado (IEE)  hace del financiamiento público a los institutos políticos.

La semana pasada, Jorge Aguilar Chedraui, coordinador de la bancada del PAN, adelantó que su partido buscará que antes de que concluya la LIX Legislatura, se modifique el mecanismo para calcular las prerrogativas.

El proyecto, el cual se presentó en julio, considera que la bolsa general  del financiamiento para los partidos políticos se calculara al multiplicar la  votación total de la elección a diputados de mayoría relativa por el 65 por ciento del valor de la Unidad de Medida de Actualización (UMA) vigente.

La modificación  que propone el PAN es al artículo 47 del Coipeep, y en la cual  se indica  que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) tomará como referencia  esa fórmula para calcular las prerrogativas para que  los partidos políticos sostengan sus actividades ordinarias, es decir, en año no electoral.