Durante el primer semestre de 2017, 5 de las 18 dependencias del ayuntamiento de Puebla fueron sometidas a  auditoría para revisar analizaron sus finanzas, uso de recursos y desarrollo de actividades.

En esa lista, según el portal de transparencia de la comuna, están los institutos Municipal de Planeación (Implan), de Arte y Cultura de Puebla (IMACP), Municipal del Deporte y de la Juventud del Municipio de Puebla, así como la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural.

En el caso del Implan se auditó el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2016 y el 28 de febrero de 2017, para verificar si se utilizaron los recursos de forma eficiente, el cumplimiento de metas y objetivos, así como su desarrollo de actividades según disposiciones.

Las auditorías del IMACP se han realizado todos los meses entre enero y junio del actual año, han sido externas y que han tenido como objetivo verificar la razonabilidad de su información financiera.

Según los reportes del Instituto Municipal del Deporte, éste fue objeto de dos auditorías, una de enero a marzo y otra en abril, para objeto revisar sus estados financieros e información presupuestaria, y de las mismas se generaron 22 y 14 aclaraciones respectivamente.

Del Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla, se hace referencia a auditorías en cuatro ocasiones, sin embargo, no se indica más sobre la información analizada ni los periodos considerados, sólo se explica que estas en proceso.

A la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, por otro lado, se le inició un proceso para verificar las mismas observaciones que al Implan, pero en un periodo más corto y actual, de enero a marzo de 2017.

En ninguno de los casos de las dependencias en las que se realizaron auditorías durante el primer semestre del año se indican, en la información difundida por el ayuntamiento, resultados y se aclara que estos continúan todavía en proceso.

El tema de estas revisiones está considerado en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, como una de las facultades de la Contraloría a fin de garantizar el cumplimiento de programas y la honestidad de funcionarios.