El Congreso y la Auditoría Superior del Estado aprobaron las cuentas públicas de Inés Saturnino López Ponce, Pablo Morales Ugalde y David Huerta Ruiz, presidentes municipales de Tecamachalco, Palmar de Bravo y Tepeaca, municipios que se encuentran en el Triángulo Rojo, y cuyas autoridades son investigadas por posibles nexos con ladrones de combustible.

En contraste, los legisladores validaron el Inicio de Procedimientos Administrativos de Determinación de Responsabilidades (IPADR) en contra de los priístas Néstor Camarillo Medina de Quecholac, Carlos Alejandro Valdez Tenorio de Acatzingo y el perredista Antonio Aguilar Reyes de Acatzingo.

En junio pasado la Procuraduría General de la República reveló que inició una investigación en contra de 15 ediles de Puebla, a fin de corroborar si están ligados con bandas de huachicoleros.

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Aprueban ejercicios de ediles de investigados

Entre julio de 2016 y enero de 2017, la Comisión Inspectora y la Auditoría Superior del Estado (ASE) presentaron dictámenes de aprobación de las cuentas públicas de los municipios de Tecamachalco, Palmar de Bravo y Tepeaca.

La revisión al uso de los recursos públicos corresponde al 2014, primer año de gobierno de López Ponce, Morales Ugalde y Huerta Ruiz.

De los tres ayuntamientos, informes del Poder Judicial de la Federación revelan que son investigadas las administraciones del panista Inés Saturnino López Ponce de Tecamachalco; de Pablo Morales Ugalde, alcalde con licencia de Palmar de Bravo, quien fue detenido el 5 de julio y vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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En 2013, los políticos fueron electos como presidentes municipales y su gestión concluirá en septiembre de 2018.

Sin embargo, Morales Ugalde es relacionado con bandas dedicadas a la extracción y comercialización ilegal de combustible, lo que se presume, le permitió vender la gasolina en cuatro estaciones de servicio de su propiedad.

Del proceso judicial que se le sigue al edil con licencia, se reveló que durante 2015 realizó depósitos y retiros bancarios por 57 millones de pesos, adquirió 17 inmuebles (hoteles, terrenos y oficinas distribuidos en Puebla), los cuales compró con recursos de procedencia ilícita.

En junio pasado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer que se investiga a las administraciones de 15 municipios los cuales no reveló, pero reconoció que se tenía una relación directa con la ordeña de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Castigan a ediles opositores

A diferencia de los presidentes municipales de Tecamachalco y Palmar de Bravo, los cuales tuvieron el respaldo del exgobernador Rafael Moreno Valle, el pleno del Congreso validó iniciar procesos en contra de los presidentes municipales de Quecholac, Acatzingo y Acajete.

De los tres ayuntamientos, Quecholac también se encuentra dentro de las investigaciones del poder judicial.

El municipio es gobernador por el priísta Néstor Camarillo Medina, quien en mayo reconoció que Diódoro Carrasco Altamirano, titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), le comunicó que es investigado debido a la presencia de los llamados huachicoleros.

A Camarillo Medina el pleno del Congreso la aprobó el Inicio del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (IPADR) el pasado 1 de marzo, fecha en la que también se validó un proceso contra Carlos Alejandro Valdez Tenorio, alcalde de Acatzingo.

En tanto, al perredista Antonio Aguilar Reyes, edil de Acajete, su IPADR se aprobó el 29 de julio de 2016.

La acción contra el munícipe, acusó Socorro Quezada Tiempo, líder del PRD, se originó en que Aguilar Reyes no apoyó la candidatura de Antonio Gali Fayad y trabajó a favor de Roxana Luna Porquillo.