El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) en Puebla fue aprobado sin transparencia, pues no hubo participación ciudadana en la construcción del marco jurídico, ni en la elección del fiscal anticorrupción, según un estudio realizado por un colectivo de organizaciones civiles encabezadas por el Centro de Análisis Fundar.

La entidad poblana obtuvo una calificación “muy insatisfactoria” en la evaluación. En una escala de cero a 100 puntos, logró 26 que fue el quinto peor puntaje de un total de 13 estados analizados.

De manera general, el reporte indica que en la mayoría de los estados evaluados las leyes anticorrupción se aprobaron sin brindar la información necesaria a los ciudadanospara fomentar que éstos participaran en la elaboración de las mismas.

La evaluación señala “la apertura todavía muy deficiente de los congresos locales en los procesos de discusión de las leyes”, según lo que reportaron las 14 organizaciones que integraron el colectivo.

Poco transparente la creación del SEA

El reporte del estado de Puebla, en cuya elaboración participó la directora de Humanidades de la Universidad Iberoamericana, Lilia Vélez, se indica que la reforma a la Constitución de Puebla para poner en marcha el SEA se aprobó con base en una iniciativa del exgobernadorRafael Moreno Valle, sin que participaran los ciudadanos.

La propuesta del exmandatario fue criticada por el procedimiento mediante el que se designaría al fiscal anticorrupción y a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, pues tampoco se permitió el debate de los ciudadanos en el tema.

En el proceso para la creación del nuevo sistema tampoco hubo una convocatoria abierta a las universidades, sino que estas participaron pero a petición del Consorcio Universitario integrado por la Ibero Puebla, el ITESM, la UPAEP, la Umad y la UDLAP. Su participación fue para la elaboración de las leyes secundarias de la nueva normativa.

En una segunda etapa, el Congreso local aprobó en diciembre pasado las leyes del SEA; de Responsabilidades Administrativas y Orgánica de la Administración Pública de Puebla, todas enviadas por Moreno Valle.

Lo mismo ocurrió con la designación del fiscal anticorrupción, Enrique Flota Ocampo, según se indica en el reporte.

Respecto a los integrantes de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del SEA, las universidades solicitaron que fuera transparente, que las comparecencias de los candidatos se transmitieran en el sitio web del Congreso y que la metodología y los criterios de evaluación se publicaran con antelación.

Sin embargo no sucedió así. Al concluir la elección de los miembros de la comisión, rectores de universidades solicitaron que la votación se transparentara, pero el Poder Legislativo ha hecho caso omiso a la petición.

Periodistas y organizaciones

Criticaron  que  los  dos  rectores con  mayores  aportaciones,  pero  más críticos,  no resultaran  electos,  y  sí  otras  personas,  de  quienes no  se  conoce  ninguna aportación. El proceso no ha sido transparente pues el Congreso local no ha hecho públicos los documentos fundamentales, entre ellos los expedientes y la evaluación de los participantes”, se asienta en el reporte.

Además de Puebla, los 13 estados evaluados son Chihuahua, Quintana Roo, Sonora, Guerrero, Nuevo León, Coahuila, Ciudad de México, Sinaloa, Querétaro, Morelos, Baja California Sur y Yucatán.

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