Este martes se verán las caras en una audiencia conciliatoria los exediles panistas de Puebla, Eduardo Rivera Pérez y Luis Eduardo Paredes Moctezuma, luego de que el segundo demandó por daño moral a su compañero de partido por un desplegado publicado hace 12 años.

La audiencia tendrá lugar en el Juzgado Cuarto Especializado en Materia Civil, ubicado en Ciudad Judicial, a las 12:00 horas, cuyo titular es el juez Armando Pérez Acevedo.

Demanda por daño moral

El pasado 8 de junio, Paredes Moctezuma denunció a Eduardo Rivera por daño moral, por la publicación de un desplegado hace 12 años en El Sol de Puebla y en el Periódico Síntesis en donde supuestamente el segundo lo difama. Al respecto se abrió el expediente 563/2017/4C.

El 14 de junio pasado, tras ratificar su militancia en el PAN, el ex munícipe Paredes Moctezuma subrayó que en su momento no expresó su descontento, por lo que acudió a las instancias correspondientes de su partido para defenderse del proceso de expulsión en el PAN que se le inició en esas fechas, sin embargo, sostuvo que Rivera Pérez supuestamente revivió el tema en una entrevista publicada por un periódico de circulación local.

“En 12 años no dije nada para no dañar al partido. Esto implicó para mí salir al exilio. 12 años después él insiste en señalarme, ha mentido sobre mi persona y me lleva a interponer la demanda que presento. Él lo revivió en una denuncia, ya basta el debe pagar las consecuencias”, dijo el pasado 14 de junio.

Eduardo Rivera por su parte argumentó que esta denuncia se suma a las presiones políticas que ha recibido en su contra como la inhabilitación por 12 años que le impuso el Congreso local en diciembre del año pasado, ante la cual promovió un amparo ante la justicia federal.

Luis Paredes sí está inhabilitado

Aunque Luis Paredes argumentó que no está inhabilitado, en una revisión hecha al Registro Federal de Sancionados de la Secretaría de la Función Pública se confirmó que el exedil cuenta con una inhabilitación por 12 años.

Se trata de la sanción que le impuso el Congreso del Estado en 2014, instancia que lo inhabilitó por presuntas irregularidades en el manejo de recursos del ramo 33 y propios por un monto de 175.4 millones de pesos, correspondientes a su cuenta pública 2004.