Jorge Aguilar Chedraui, líder del Congreso del Estado, minimizó la resolución de un juez federal para que la inhabilitación por 12 años en contra del expresidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, se inscriba en el Registro Estatal y Nacional de Servidores Públicos Sancionados.

El también coordinador de los diputados locales del PAN rechazó que se trate de un revés para el Congreso local y afirmó que la justicia federal también obliga al ex munícipe a solventar las observaciones que derivaron en la sanción en su contra.

No hay interés de politizar el tema

Aguilar Chedraui subrayó que de su parte no existe una intención de politizar el tema, ya que las cuentas públicas son un tema estrictamente administrativo.

“No, para nada es un revés. Es un tema que llevan las áreas de la ASE. Que se resuelve lo que se tenga que resolver. El Tribunal señaló en su resolutivo que el ex edil tendrá que comprobar”.

Sostuvo que en lo que no está de acuerdo es que un servidor público que ejerce recursos no esté obligado a comprobarlo, como parecía que se manejaba el tema.

“Reitero el mismo comentario es un tema de orden administrativo. No mezclemos una cosa con la otra. El debió de comprobar una serie de recursos. No los comprobó, decidió litigar el caso. Se llevó a tribunales federales”.

Manifestó que los jurídicos de la Auditoría Superior del Estado, el Congreso local y la Secretaría General de Gobierno lo litigan en los tribunales.

“Hay que esperar el resultado. No tengo el mayor interés y ánimo de darle un tinte político ni de que haya otro tipo de repercusiones. Cumplimos con la obligación constitucional de fiscalizar cuentas y no hubo comprobación suficiente”.

El viernes 29 de junio un juez federal ordenó que la inhabilitación por 12 años en contra del exedil Eduardo Rivera no se inscriba en el Registro Estatal y Nacional de Servidores Públicos Sancionados.

La determinación corresponde al juicio de amparo 943/2017 promovido por Rivera Pérez en contra de la sanción que el 7 de abril la LIX Legislatura aprobó para multarlo con 25.5 millones de pesos e inhabilitarlo para desempeñar un cargo público por 12 años.

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