En medio de diversas irregularidades, más de 47 inmuebles del patrimonio público del estado de Puebla fueron desincorporados para venderse por debajo de su costo real a empresas creadas durante la administración del ex gobernador Rafael Moreno Valle.

Así lo denunció la bancada del PRI en el Senado de la República, misma que precisó que entre esos inmuebles se encuentra la Plaza de Toros “El Relicario o Joselito Huerta” y diversas casonas catalogadas como patrimonio histórico en el Centro Histórico de la capital poblana.

“Para tener claro este panorama, basta decir que sólo el 15 de junio de 2016, se autorizó la desincorporación de 27 mil 475 metros cuadrados de la Ex-hacienda de San Miguel Salado en San José Chiapa y otras hectáreas en las inmediaciones de la Ciudad Modelo Audi, así como en la reserva territorial Atlixcáyotl.

“Por la venta de estas propiedades, a decir de la Secretaría de Finanzas y Administración, se generaron ingresos superiores a los 263 millones 699 mil 820 pesos, sin embargo, no se ha dado a conocer la documentación que corroboraría la veracidad del monto reportado”, advierten los legisladores priístas.

Añadieron que se desconocen desde el nombre de las personas físicas o morales que adquirieron los predios, hasta los montos finales y las facilidades de pago otorgadas en esas transacciones.

Con base en datos periodísticos, los senadores resaltan que en septiembre de 2016 se subastaron 33 inmuebles con un valor aproximado de 195 millones 552 mil 490 pesos, sin embargo algunos de ellos se declararon como retirados o desiertos debido a la falta de ofertas para su adquisición.

En octubre de ese mismo año se subastaron 25 predios, desde locales en la Central de Abasto, hasta lotes comerciales en el municipio de Venustiano Carranza, casas habitacionales en la capital del estado y parcelas en Chalchicolula de Sesma, San Francisco Totimehuacán y Tlaxcalantongo.

“En su mayoría se declararon desiertas, sin embargo, las pocas propiedades vendidas fueron dadas por un total de 33 millones 135 mil pesos, esto a pesar de que su costo de avalúo era de 64 millones 971 mil pesos, es decir, fueron vendidas por debajo de su costo real y comercial”.

Mientras que en diciembre de 2016 se puso a subasta 22 predios y casonas por las que se pretendía recaudar 24 millones 456 mil 852 pesos, pero al igual que las licitaciones anteriores, los resultados distaron de los esperados.

Los legisladores subrayaron que esos procedimientos “se caracterizaron por la opacidad gubernamental en relación a la superficie, el valor catastral y ubicación de los predios en venta, asimismo, fue notable el hermetismo en cuanto a los fallos de las licitaciones, adjudicaciones, subastas realizadas y el monto total obtenido, el cual no se han transparentado”.

Advierten que esos y otros inmuebles fueron subastados a un precio muy inferior del valor real, para favorecer a empresas creadas durante el gobierno que encabezó Rafael Moreno Valle. Empresas que además, fueron favorecidas con múltiples contratos de obra pública y de prestación de servicios dados a las dependencias y secretarías locales.

Por ello, el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara alta, presenta un punto de acuerdo para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorte a la Auditoría Superior del estado de Puebla y a la Secretaría de la Contraloría estatal, para que auditen los procesos de compra-venta de diversos inmuebles que formaban parte del patrimonio público del estado, realizadas en la administración 2011 y 2017.

La solicitud, dicen los legisladores, obedece a presuntas irregularidades, incluida la venta de esos inmuebles por debajo de su valor real.

También pedirán que se exhorte al Gobierno del estado de Puebla para que, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, presente un informe sobre los bienes desincorporados del patrimonio público del estado durante el periodo 2011 y 2017, su licitación, los montos recaudados y los beneficiarios de estos procedimientos.

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