Raúl Sánchez Kobashi, secretario de Finanzas y Administración (SFA), defendió el esquema de Proyectos de Inversión (Proyectos de Prestación de Servicios, en Puebla) al rechazar que sean anticonstitucionales, pues las reformas a las legislaciones pasaron por la aprobación del Congreso del Estado.

En entrevista, en el marco de la Semana de la Evaluación en América Latina y El Caribe, el funcionario estatal reiteró que la administración de José Antonio Gali Fayad no utilizará dicho esquema y tampoco heredará deuda de algún tipo.

La deuda de Puebla es sana

Sánchez Kobashi subrayó que las calificadoras internacionales han señalado que la deuda de Puebla es sana, al preguntarle sobre los argumentos de Enrique Cárdenas Sánchez, director delCentro de Estudios Espinosa Yglesias, en el sentido de que el esquema de “deuda oculta” de Puebla se extendió a otros estados.

“Las calificadoras han dicho cómo está la deuda de Puebla. El Congreso de Puebla tiene muy claras estas figuras, no pueden ser anticonstitucionales”, precisó.

Confirmó que no se tiene prevista ninguna iniciativa para echar abajo las reformas a diferentes ordenamientos que dieron paso a los Proyectos de Inversión o Proyectos de Prestación de Servicios.

Agregó que en la administración de José Antonio Gali no hay ni se contraerá  deuda alguna.

En diferentes entrevistas, Enrique Cárdenas ha señalado la inconstitucionalidad de los PI debido a que cada proyecto que se contrata no pasa por la aprobación del Congreso Local.

El propio ex rector de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) denunció en su columna publicada en el periódico El Universal que fue amenazado por el secretario de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, para que dejara de publicar temas relacionados con los PPS de Puebla.

Presupuesto no se arma con base en evaluación del desempeño

Durante una ponencia de Luis Carlos Ugalde en el mismo evento, Sánchez Kobashi pidió una sugerencia al director del despacho Integraliapara propiciar que desde la Cámara de Diputados se armen presupuestos para las entidades federativas con base en indicadores de evaluación del desempeño.

El también ex consejero presidente del entonces Instituto Nacional Electoral (INE) sostuvo que en primera instancia los gobiernos estatales se deben comprometer a aplicar los recursos con base a estos indicadores, lo que implica un compromiso por hacer un buen gasto y eliminar los programas clientelares o con intereses político-electorales.

[relativa1]

[relativa2]