La coalición de organizaciones defensoras de derechos humanos en el país “Seguridad sin Guerra” asentó que los hechos de Palmarito Tochapan, Puebla, evidencian la necesidad de abandonar la aprobación de unaLey de Seguridad Interior que faculte a las Fuerzas Armadas de México para  realizar tareas de seguridad pública.

La coalición, de la que forma parte el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, destacó en un comunicado nacional que los lamentables eventos ocurridos el 3 de mayo en Puebla, donde fallecieron cuatro elementos militares y seis civiles durante un operativo, son prueba fehaciente de que la militarización de las tareas de seguridad pública conlleva el uso desmedido de la fuerza letal u otras graves violaciones de derechos humanos.

“Es predecible que de aprobarse la Ley de Seguridad Interior este tipo de situaciones continúen ocurriendo”, asentó la organización y agregó que en las escenas del video difundido se aprecia el alevoso homicidio de un elemento del Ejército, el cual merece la más enérgica condena.

“También se puede ver a un soldado disparando en la cabeza de un individuo sometido. Estas preocupantes imágenes ratifican lo que diversos actores de la sociedad civil nacional e internacional hemos señalado: que ante la crisis de inseguridad, violencia e impunidad lo que necesitamos no es la militarización sino un nuevo modelo de seguridad ciudadana y una reforma integral al sistema de justicia penal, que atienda los graves problemas de impunidad, así como la falta de formación de la policías”, señaló en el comunicado.

La coalición que ha llamado a “una Seguridad no militarizada” sostuvo que “los hechos de Palmarito, sumados a otros ya conocidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), como los sucedidos en Tlatlaya, confirman que las actividades de seguridad pública no son propias las Fuerzas Armadas y que “desnaturalizan” – en palabras del Secretario de Defensa Nacional – las acciones del Ejército.

La coalición recordó que  “la CNDH ha emitido 45 recomendaciones a las Fuerzas Armadas sobre casos de ejecuciones extrajudiciales entre diciembre 2006 y abril del 2017. El hecho de que se apruebe una Ley de Seguridad Interior, especialmente de la forma en la que hasta ahora se ha planteado, no subsanará esta deficiencia y sí fomentaría la comisión de estas graves violaciones a derechos humanos”.

“Es necesario enfatizar – agregó la coalición- que lo que muestra el video no es aceptable ni permitido en ningún tipo de enfrentamiento de acuerdo a los marcos de derecho internacional e incluso conforme alManual de Uso de la Fuerza del Ejército. Los eventos que precedieron a esta situación e incluso el ataque contra otro soldado no son de ninguna manera una justificación para ejecutar arbitrariamente a una persona ya sometida”.

La coalición hizo  “un llamado a que la Procuraduría General de la República, autoridad civil responsable de la investigación, actúe de forma pronta y expedita para el esclarecimiento de los hechos, incluyendo tanto el lamentable homicidio del servidor público como la ejecución arbitraria. Respecto de esta última, instamos a que los elementos militares, incluyendo a los mandos responsables de los operativos, rindan cuentas con total transparencia”.

Destacó, finalmente, “el llamado a las y los legisladores – particularmente la Presidenta de la Comisión de Gobernación, el Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política – a una moratoria en la emisión de la miscelánea penal y las iniciativas de la seguridad interior, con el objetivo de poder discutir integralmente el modelo de seguridad considerando la evidencia empírica que ha dejado la última década”.