Ante Leo Heller, Relator Especial de la ONU del Derecho Humano al Agua y el Saneamiento, el Comité Comunitario del Agua de Tlaxcalancingo y la Asamblea Comunitaria de San Andrés Cholula denunciaron  la privatización del agua amparada en la Ley del Agua para el Estado de Puebla, así como la omisión de la consulta indígena en los pueblos originarios donde se violando la forma tradicional de acceder al vital recurso.

En la vista del Relator, vecinos de San Bernardino Tlaxcalancingo, San Andrés Cholula así como medio centenar de integrantes de diversas organizaciones y pueblos provenientes de todo el país, fue expuesta la negativa del edil de San Andrés Cholula, Leoncio Paisano, para  llevar a consulta la instalación del sistema de agua potable en las comunidades donde la principal actividad es la agricultura.

“Este nuevo sistema afectaría nuestra forma de vida para el riego de nuestros cultivos de maíz, nopal y flores que existen en la demarcación sanandreseña, y que el sistema impuesto de agua potable nos estaría restringiendo nuestra dotación de agua, por lo que recalcamos que en Tlaxcalancingo es necesaria la consulta indígena para analizar todos estos temas a fondo”, explicaron pobladores.

A este razonamiento Paisano ha respondido que la instalación del agua no es un tema que pueda ser sometido a una consulta indígena, porque no es de grave afectación a la comunidad.

La resistencia del edil a llevar a consulta indígena el tema del agua ha provocado que  vecinos de  Tlaxcalancingo soliciten la intervención de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, destacando que  es un derecho constitucional de los pueblos indígenas el uso y disfrute preferente de sus recursos naturales y participar en las decisiones que competan a la forma de implementación de su desarrollo.

Cholula, cobros excesivos y privatización del agua

Por su parte, pobladores de San Andrés Cholula denunciaron que la aplicación de los artículos 44 y 45 de la Ley del Agua para el Estado de Puebla, se ha traducido en recibos de la empresa Agua de Puebla por presuntos adeudos hasta de 130 mil pesos de parte, sin que los vecinos hayan solicitado o contratado el servicio.

“Los artículos establecen la obligación a toda persona en cuyo predio pase enfrente la tubería, de contratar y pagar el servicio, lo quiera o no, lo solicite o no, lo use o no”, explicaron ante el relator de la ONU

“La imposición arbitraria que lejos de satisfacer el derecho humano al agua de una manera accesible y asequible, genera una violación a este derecho pues se pretende imponer un pago generalizado a toda la población para hacer redituable la concesión del agua, lo que implica una consecuencia grave de su privatización, ya que un derecho humano lo convierten en impuesto y a este concesionan su cobro a una empresa dándole facultades fiscales a un particular”, aseguraron.

Por la gravedad del tema sobre los efectos de la privatización del agua potable en Puebla, integrantes de la Relatoría pidieron a la comisión de Cholula y Tlaxcalancingo  ahondara en la problemática del tema en una mesa especial sobre la privatización del recurso natural en México.

El relator culminará su visita a México el próximo 12 de mayo y se espera la rendición del  informe previo sobre el estado que guarda el derecho humano al agua y el saneamiento en México.