Es inútil dar marcha atrás a la reforma al Artículo 12 sin abrogar la ley morenovallista de 2013 que privatiza el agua y concesiona el servicio a un particular, sostuvo la Asamblea Social de Agua (ASA) que llamó a hacer una verdadera legislación ciudadana que considere su distribución como un derecho humano.

María Eugenia Ochoa, representante de ASA, aseguró que el anuncio de legisladores de dar marcha atrás al Artículo 12 de la Constitución responde al repudio ciudadano y al temor a la corrección tras las controversias interpuestas de municipios,   más que a la sensibilidad para garantizar su acceso en los términos que establece a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4 que garantiza la participación ciudadana, la municipalización y no la privatización en el servicio.

Ochoa atribuyó la medida a la intensa movilización social que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Llamó a diputados terminar con su posición “bipolar” que les hace sostener que no existe privatización del agua pero mantienen la concesión a la empresa Aguas de Puebla ---Concesiones Integrales--- que suspende el flujo de agua y cancela tuberías a quien no haga el pago puntual. “¿Qué es eso sino una privatización del servicio?”, se preguntó.

Recomendó que el Ejecutivo y el Legislativo convoquen a una verdadera Ley Ciudadana de Agua y atiendan las iniciativas de organizaciones para legislar de la mejor manera para que a nadie le falte el agua, bajo el principio de que es un bien social y un derecho humano.

Urgió a que se suspenda la concesión a Concesiones Integrales, que se plantee como ilegal y una violación a la Constitución Mexicana.

La también académica de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) repudió el argumento de algunos legisladores que señalan que no se puede convocar a una nueva ley de agua mientras no exista una nueva legislación federal y se ordene su homologación.

“Esto es una vil patraña. En 2012 se hizo una legislación al respecto y no había una ley federal antecediéndole. No es cierto que sea un prerrequisito ( una ley federal). Para ser congruentes se tiene que reconocer que la ley morenovallista y el artículo 4 Constitucional son diametralmente opuestos y es necesaria una reforma verdadera”, concluyó .