El Congreso del Estado y la  Auditoría Superior Estado (ASE) omiten las pruebas para iniciar un proceso administrativo que derive en la destitución de Antonio Javana  García como presidente municipal, acusó Ramiro León Flores, representante jurídico de los regidores.

A 27 días de haber iniciado un plantón frente a la sede del legislativo, León Flores informó que Javana García presidió 19 sesiones de cabildo, en las que el cuerpo edilicio  justificó el uso de 180 millones de pesos.

León Flores expuso que en las sesiones participaron seis regidores suplentes, quienes falsificaron las firmas de los titulares, además de que excluyeron a Cirino Arce Buenfiel, miembro del cabildo, y a María Elena Vargas Ríos, síndico.

El representante legal señaló que pese a que el Congreso del Estado tiene conocimiento de las acciones de Javana García, el líder del legislativo, Jorge Aguilar Chedraui se niega a emprender, a través de la Auditoría Superior del Estado (ASE), el Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (IPADR).

Dijo que, de confirmarse el desvío de recursos, la LIX Legislatura debe concretar la destitución de Javana García, quien utilizó los 180 millones de pesos para la compra de maquinara pesada, la construcción de una casa, hotel, una palapa y una gasolinera.

Riestra incumplió con las mesas de dialogo

La diputada de Nueva Alianza, Susana Riestra Piña incumplió con el compromiso de concretar tres mesas de diálogo con la Fiscalía General del Estado (FGE), el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) y la Auditoría Superior del Estado (ASE), aseveró el abogado.

León Flores expuso que Riestra Piña se comprometió a que los regidores y la síndico municipal se reunirían con días 21, 22 y 23 de marzo con los titulares de la FGE, TEEP y ASE, a quienes se les pediría que investigarán el enriquecimiento ilícito, incumplimiento de pago a integrantes del cabildo y el desvío de recursos.

Precisaron que en el tribunal local existe el recurso TEEP-A-38/2016, el cual se presentó por la falta de pago de dietas a regidores, impugnación sobre la que hasta el momento los magistrados no han dictado sentencia.