El Congreso del Estado no modificará la fracción VI del artículo 12 de la Constitución local sólo para detallar que los municipios y la federación tienen facultades en la operación del servicio del agua potable.

Silvia Tanús​ Osorio (PRI), integrante de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, precisó que al interior del órgano legislativo se acordó que no habrá cambios a la Constitución local, y que éstos se darán hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva las controversias constitucionales admitidas.

“Como Junta de Gobierno lo que acordamos fue  esperar a que la Corte resuelva, la verdad es que no creemos que nos dé una resolución en contrario y si la Corte determina que se le ponga mayor precisión en el municipio, el gobierno del estado, la federación, se lo ponemos sin problemas”.

La priísta refirió que el manejo político que se dio a la reforma constitucional es lo que está “trayendo complicaciones en los municipios”, pero no existe una intención de privatizar el servicio que se brinda por medio de los diferentes sistemas operadores de agua potable.

Desde febrero a la fecha, la Corte admitió 13 controversias constitucionales, recursos con los que los gobiernos municipales  intentarán dejar sin efecto la fracción VI del artículo 12 que refiere que será el “Estado” el que regule las “bases y modalidades” para el acceso y uso del recurso natural.

En la lista de controversias constitucionales pendientes de resolución por parte de la SCJN se encuentran San Pedro Cholula (53/2017), Juan C. Bonilla (62/2017), Coronango (65/2017), Coxcatlán (66/2017), Ajalpan (67/2017), Zoquitlán (68/2017), Tlaltenango (80/2017).

Además de San Gabriel Chilac (82/2017), Tehuacán (85/2017), Zinacatepec (86/2017), Altepexi (87/2017), Izúcar de Matamoros (89/2017) y Chiautla (90/2017).

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Diputado planteó modificación

Julián Peña Hidalgo, diputado independiente, presentó una iniciativa para incluir los conceptos de municipio y federación como entes que también estarían facultados para  suministrar el servicio público de agua.

La iniciativa –propuesta el 8 de marzo- fue rechazada por el pleno del Congreso y se remitió  para su análisis a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, presidida por Susana Riestra Piña (Nueva Alianza).

Peña Hidalgo refirió que su propuesta permitiría acabar con las “sospechas” de privatizar el servicio de agua potable, y que así se adoptaría lo que establece el artículo 4 de la Carta Magna, en donde se precisa que los tres órdenes de gobierno son responsables de regular este bien público.

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