Con base en notas periodísticas, la bancada del PRI en Senado de la República exige auditar los recursos ejercidos por la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla durante 2016, “por diversas irregularidades como contratos con empresas fantasmas, posibles desvío de recursos públicos y malversación de fondos”.

Los senadores priístas destacan que de acuerdo a diversos medios informativos, dicha dependencia estatal firmó, por un monto superior a los 130 millones de pesos, contratos de asesorías y capacitaciones con empresas cuya dirección es inexistente y casas vacías, incluso, inmuebles que actualmente operan como clínicas o consultorios.

“De comprobarse estas anomalías, se debe proceder conforme a derecho, para sancionar a los servidores que por acción u omisión vulneraron las arcas públicas en detrimento de los habitantes del estado de Puebla”, exigen.

Entre las presuntas empresas fantasma, mencionan a NWA del Centro S de RL de CV, con la que la Secretaría de Educación Pública contrajo diversas responsabilidades por 7.10 millones de pesos. Dicho proveedor tiene como domicilio fiscal un local en el que se dedica a la crianza de venados, sin tener una relación con temas educativos.

Con la empresa BMG Allianz, S. de R.L. de C.V., firmó 18 contratos por 28.24 millones pesos, dicho proveedor dio como domicilio fiscal la dirección es una casa habitación sin una actividad comercial.

Dos contratos más con Asesores Bralgi S de RL de CV, por más de 5.9 millones de pesos, empresa que tiene como dirección fiscal un domicilio es inexistente.

Con el despacho Lidernal, Soluciones SA de CV, la SEP estatal firmó cuatro contratos y dio como domicilio un establecimiento desocupado.

Otros seis tratados se firmaron con Consultoría Asiana, misma que dio un domicilio fiscal que no existe.

Y otros cinco proveedores tienen el mismo correo electrónico, el mismo número telefónico y dos de esas empresas  hasta la misma dirección, “lo cual puede ser indicio de posibles favoritismos en las licitaciones que realizó la administración de Rafael Moreno Valle Rosas”, recalcan los senadores del PRI.

Añaden que se detectó que varias de las empresas involucradas, también fueron beneficiarias con otros contratos de la Secretaría de Salud y la Secretaría de la Infraestructura.

Por ello, los legisladores priístas presentarán un punto de acuerdo para pedir que el Senado de la República exhorte al Congreso del estado de Puebla para que, a través de la Auditoría Superior de la entidad, realice una auditoría objetiva, integral, pronta, expedita y transparente a los recursos ejercidos por la Secretaría de Educación Pública durante el año 2016.

Sobre todo en contratos relacionados con servicios de capacitación, certificación, consultoría y elaboración de materiales educativos, “por diversas irregularidades como contratos con empresas fantasmas, posibles desvío de recursos públicos y malversación de fondos”.

Y que también se exhorte a la Contraloría del Gobierno del estado de Puebla, para que amplíe sus estrategias a fin de identificar y sancionar a los servidores públicos que participaron por acción u omisión en diversas irregularidades e ilícitos como desvío de recursos públicos y establecimiento de contratos con empresas que no cumplen con la normativa vigente.