Una vez que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) incluyó en sus observaciones los casos del Museo Internacional Barroco y de la zona arqueológica de Cholula, y de que en ambos ha figurado el funcionario estatal, Jorge Alberto Lozoya Legorreta, pariente del actual Director de PEMEX, Emilio Lozoya Austin, quien a su vez ha sido vinculado a corruptelas con el consorcio constructor brasileño ODEBRECHT, el Movimiento Opción Ciudadana demanda al gobierno federal investigar si en el caso cholulteca, medió tráfico de la firma carioca con el hoy ex gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas.

Así lo señaló Alberto Peralta Merino, constitucionalista del Movimiento Opción Ciudadana, al precisar que sólo un consorcio con un poder económico como el de ODEBRECHT, pudo motivar que Moreno Valle se lanzara por un proyecto multimillonario en dólares, como el que implicaba el de la zona arqueológica de Cholula.

Lo anterior –explicó-, porque para acatar las multimillonarias inversiones y garantías que la UNESCO exige cuando se trata de intervenciones al Patrimonio Cultural de la Humanidad, los consorcios financieros quedan obligados a pagar daños o destrucciones, incluso causados por guerras.

Tan es así –apuntó- que por ello mediante el amparo 22/2015, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en materia federal, resolvió en contra de la pretendida expropiación de Moreno Valle.

Por ello y para tal caso, el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito declaró contundente que el decreto expropiatorio en la zona de la Pirámide de Cholula, resultaba “incongruente y arbitrario en su fundamentación y motivación”.

Y lo anterior, pese a que en su momento fue férreamente defendido no sólo por el hoy ex gobernador, sino por el otrora titular del Consejo para la Cultura del Estado de Puebla, Jorge Alberto Lozoya Legorreta, familiar del Director de PEMEX, Emilio Lozoya Austin, también vinculado a ODEBRECHT.

Hay evidencia de que ODEBRECHT ha estado en contacto con prácticamente todos los gobernadores del país, y de que una intervención como la de la zona arqueológica de Cholula, no podía ser concebida ni pretendida, sin previo acuerdo de la brasileña con Moreno Valle. De ahí el deber del gobierno federal de indagar a fondo e ir hasta las últimas consecuencias del caso, concluyó Peralta Merino.