Por una posible acción de inconstitucionalidad, los diputados del Congreso del estado pospusieron la aprobación de la reforma al artículo 312 del Código Penal local para castigar a homicidas aún sin encontrar el cadáver de la víctima.

Aunque se tenía contemplada su aprobación, la también denominada Ley Paulina Camargo propuesta por el PAN fue retirada de la orden día de la sesión ordinaria de este miércoles debido a que a nivel federal no existe una legislación similar.

En entrevista, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, de la LIX Legislatura, Jorge Aguilar Chedraui, explicó que la Procuraduría General de la República (PGR) y el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) revisan actualmente una reforma similar que se aprobó en el estado de Jalisco con el fin de verificar si es legal o no, ya que, dijo, este tipo de reformas sólo se pueden hacer a nivel federal.

Indicó que en caso de que la PGR y el SNSP determinen que esta reforma solo puede ser a nivel federal, desde el Poder Legislativo local emitirán un exhorto al Congreso de la Unión para que se legisle en esta materia.

Reiteró que en caso de haber aprobado esta reforma en el estado, el Congreso local podría enfrentar una acción de inconstitucionalidad.

“El Sistema Nacional de Procedimientos Penales es nuevo, no queda del todo claro la competencia de donde recae, si es estrictamente federal o hay una facultad local, no queremos cometer un error. Jalisco está promoviendo una legislación similar, se está evaluando desde el punto de vista legal con las autoridades federales, hemos decidido retirar de la orden del día para esperar la resolución de Jalisco”, dijo.

Aguilar Chedraui previó que en un par de semanas se tenga la determinación de la PGR, para aprobar o no la denominada Ley Paulina Camargo.

A finales del mes de octubre, los legisladores panistas impulsaron la iniciativa de reforma al artículo 312 del Código Penal para evitar que los asesinos queden en libertad ante la falta del hallazgo del cadáver.

Lo anterior se dio por el caso de la joven Paulina Camargo, quien se encuentra desaparecida desde agosto de 2015 y cuyo probable responsable, José María Sosa Álvarez, está encarcelado bajo cargos de homicidio y aborto, aunque no se ha encontrado el cuerpo de la víctima y el bebé que daría a luz.

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