Las Secretarías de Infraestructura, Contraloría y Finanzas del gobierno estatal se reservaron una postura sobre las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió respecto de las obras del Museo Internacional Barroco, la zona arqueológica de Cholula, el Segundo Piso del Periférico y la Línea 2 de la Red Urbana de Transporte Articulado (Ruta).

A través de su oficina de comunicación social la Secretaría de Infraestructura informó que la dependencia encargada del tema es la de Finanzas, sin embargo, esta última, hasta el cierre de esta nota, no ha emitido posicionamiento alguno.

La Contraloría estatal tampoco ha respondido si ya inició o no los procedimientos administrativos correspondientes, relacionados con el supuesto daño patrimonial en la ejecución de la Línea 2 de Ruta, como se lo mandata la ASF.

Sobre el MIB, la ASF subrayó que tuvo una primera estimación de 760 millones de pesos para la obra física y equipamiento pero al final costó 1 mil 774 millones de pesos, en tanto que el pago anual por su mantenimiento pasó de 87.2 a 269 millones.

En el caso de la zona arqueológica de Cholula la ASF advirtió que se licitó y pagó un proyecto que no coincide con lo que se hizo, por lo que no existe garantía de que se buscó el mejor precio y calidad para los trabajos, además que éstos se realizaron sin permisos del INAH e INBA.

Respecto al Segundo Piso se determinó que el costo del peaje por kilómetro es 340 por ciento más caro que el que se cobra en la autopista a la Ciudad de México, además quedó 14.5 por ciento arriba de lo que fue acordado en el título de concesión adjudicado a la empresa española OHL.

En la construcción de la Línea 2 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) se observó un posible daño patrimonial por 86 millones 263 mil pesos.

Guarda silencio la Contraloría sobre nombramiento de delegado en la SIT

La Contraloría tampoco ha hecho señalamiento alguno respecto al nombramiento de José Villagrana Robles como delegado de la Contraloría en la Secretaría de infraestructura. El funcionario fue destituido de la entonces Secretaría de Transportes por estar relacionado con la destrucción de la Casa del Torno para construir una terminal del Teleférico.