La construcción de la Línea 2 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) presenta un posible daño patrimonial por 86 millones 263 mil pesos, advierte el informe de la cuenta pública 2015 hecho por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La instancia federal solicitó a la Contraloría del Estado iniciar procesos para determinar la responsabilidad de servidores de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), debido a que dentro de las omisiones detectadas está la autorización de estudios previos y un proyecto ejecutivo deficientes.

El reporte publicado este miércoles señala que el máximo órgano de fiscalización en el país emitió ocho promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias y ocho pliegos de observaciones por 86.2 millones de pesos.

La anterior administración de Rafael Moreno Valle entregó la construcción de la Línea 2 de la Red Urbana de Transporte Articulado, el cual recorre la 11 Norte-Sur, a la empresa Cemex Concretos S.A. de C.V.

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Daño patrimonial llegaría a 86.2 millones de pesos

Los ocho pliegos de observaciones que la ASF encontró en la revisión de la Línea 2 del RUTA suman un total de 86 millones 263 mil pesos, cantidad que se considera como un posible daño patrimonial a la Hacienda Pública Federal.

Dentro de las observaciones financieras destacan 2 millones 133 mil 136 pesos por impresión en concreto fresco, el retiro de tubería, el retiro y recuperación de guarniciones, el suministro y colocación de registro para instalaciones eléctricas.

Un total de 56 millones 293 mil 675 mil pesos por efectuar un pago sin contar con las pruebas del índice de perfil para la construcción de carpetas de pavimento; 18 millones 705 mil 623 pesos por obra pagada no ejecutada en las partidas de señalización, semaforización, corredor 11 norte sur, terminal y patio de encierro.

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Funcionarios autorizaron la elaboración de estudios deficientes

Dentro de los temas que la ASF pide a la Contraloría del Estado investigar están las omisiones de integrantes de la SIT, debido a que funcionarios autorizaron la elaboración de estudios previos y un proyecto ejecutivo insuficientes, lo que generó incremento de hasta 74.7 por ciento respecto al monto del contrato en trabajos de pintura, fibra óptica, comunicaciones, luminarias, entre otros.

Otro de los puntos detectados como omisión fue que hasta la fecha de la auditoría (octubre de 2016), no se elaboró el finiquito de los trabajos ni el acta administrativa que extinguiera las responsabilidades y obligaciones de la constructora.

Además, los funcionarios públicos no revisaron de manera adecuada los precios extraordinarios de mano de obra y la maquinaria; no se encontraron las facturas de adquisición de insumos; se autorizó el pago en el suministro e instalación de un gabinete y el suministro e instalación de equipo para interconexión de comunicaciones múltiples.