Organizaciones indígenas, campesinas y defensoras de derechos humanos denunciaron al gobernador  Rafael Moreno Vallela falta de atención a la recomendación emitida por Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH por la muerte de una recién nacida, por negligencia médica y por poner en riesgo la vida la madre, en el Hospital de Cuetzalán, Puebla

En una rueda de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), Stephanie Márquez Fuentes, víctima de negligencia médica así como el integrantes del Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP) y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (CNPA MN), exigieron al gobierno estatal el cumplimiento de la recomendación 054/2016, emitida por la CNDH el 28 de noviembre de 2016, donde se ordenó la “Reparación integral del daño” a la afectada.

Acompañados también por miembros del Centro de Derechos Humanos “Antonio Esteban Cruz” (CDHAEC) y por Defensa Estratégica en Derechos Humanos (DEDH), acusaron que los padres de la víctima no han recibido la indemnización ni atención médica adecuada que señala la CNDH, pero sí hostigamiento a la madre de la menor Stephanie Márquez y su esposo, por lo que también pidieron el cese de la persecución.

Jesús Gutiérrez, de la comisión ejecutiva de la CNPA-MN acusó que la familia no ha sido inscrita en el Registro Estatal de Víctimas, dependiente de la Comisión Estatal de Víctimas, debido a que dicho organismo aún no existe razón por la cual no han tenido acceso al fondo de reparación.

“Han retrasado el cumplimiento a la recomendación, el argumento es que necesitan estar inscritos en el registro para tener acceso al fondo de reparación. La familia no ha recibido indemnización, a pesar de que de antemano sabían que esa instancia no existe”, explicó.

Denunciaron que a principios del mes de diciembre de 2016 un funcionario de la Contraloría Interna del Gobierno Estatal, acudió al domicilio de la pareja ofertando 20 mil pesos como indemnización para dar por resuelto lo que él llamó “el problema”.

Para el representante de DEDH, Sandino Rivera Espinoza, el incumplimiento de la recomendación  054/2016 se suma a la de San Bernardino Chalchihuapan en las que ( el gobierno) ha simulado cumplir con la CNDH, sumando a los agravios de las víctimas uno más al ser omiso y revictimizar a quienes fueron objeto de las violaciones, actuando además con total impunidad.

No hubo atención oportuna

Stephanie, la madre del bebé que murió, relató que pese a los signos de alerta no fue atendida de manera oportuna, tuvo que cubrir gastos para estudios particulares a pesar de contar con el seguro popular.

“Lo que me pasó no parará; en el hospital no hay servicios, ni médicos. A mí me mandaron a mi casa pese a mi estado. A la fecha el gobierno no ha cumplido… No sé qué siento. No sé qué más decir”, dijo Stephanie Márquez

La joven madre lamentó que pese a que su caso fue ventilado, a la fecha el gobierno estatal no haya atendido no sólo su caso sino las condiciones para mejorar la atención para la población en el municipio.

Leticia Reyes, integrante de la Comisión de Salud del MIOCUP- CNPA MN aseguró que a pesar de que el Hospital General de Cuetzalan del Progreso ha sido reinaugurado en tres ocasiones, no cuenta con personal capacitado, laboratorio para análisis y medicamentos.

“El gobernador Rafael Moreno Valle ha presumido siempre su inversión en salud  que en la realidad no existe, no hay medicamentos, se vive una carencia absoluta, a nuestra organización llega la gente desesperada porque necesita medicamentos que están contemplados en el Seguro Popular, pero no son surtidos, mandan a la gente indígena a conseguirlos, la violación al derecho de la salud se viola en el estado, pero más en las comunidades rurales”, dijo.

Miembros de las organizaciones aseguraron que con movilizaciones y tomas de instalaciones han sido denunciadas de manera reiterada la carencia sin embargo nunca ha existido atención ni respuesta de las autoridades.

Cinco recomendaciones que no se cumplieron

El pasado 21 de agosto de 2014, por negligencia médica, perdió la vida una recién nacida; el personal del Hospital intentó hacer responsable a la madre Stephanie culpándole de lo sucedido y atribuyéndole las decisiones de las que en realidad fue víctima.

Luego de denunciar el caso y ante la falta de profesionalismo del personal del Hospital General y la diligencia desaseada de Contraloría Interna de la Secretaría de Salud, la CNDH tomó el caso en seguimiento al caso que fue difundido en medios de comunicación.

El 28 de noviembre de 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitió la Recomendación 54/2016, dirigida al gobernador del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle por la negligencia médica por el que  el 21 de agosto de 2014, perdiera la vida una recién nacida por paro cardiorespiratorio, en el Hospital General de Cuetzalan, Puebla.

La CNDH atribuyó responsabilidad al gobierno del Estado por violación a los derechos humanos a la salud de la madre de la recién nacida, y a la vida de ésta y recomendó la reparación integral del daño en los siguientes puntos: Inscribir a los padres de la recién nacida que perdió la vida, al Registro Estatal de Víctimas de Puebla, que corre a cargo de la Comisión Estatal de Víctimas de Puebla. Atención médica y psicológica a los padres de la recién nacida que perdió la vida, la cual deberá ser gratuita, inmediata, en un lugar accesible, por el tiempo necesario, incluyendo la provisión de medicamentos. Las autoridades deberán colaborar con el Organismo Nacional de Derechos Humanos, en el trámite de la queja que se presente en la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla Así como en la investigación administrativa. Dos cursos de capacitación en el Hospital General de Cuetzalan en materia de derechos humanos de las mujeres y la niñez y medidas necesarias para contar con la infraestructura necesaria y el personal especializado suficiente. Indemnización a los padres de la recién nacida que perdió la vida, reparación reforzada por las condiciones de discriminación y vulnerabilidad, ya que las víctimas fueron una mujer y una menor de edad.

Stephanie Márquez y los integrantes de las organizaciones aseguraron que no existe cumplimiento en ningún punto.