El cierre de año para el país implica más deuda pública. Los datos de la Secretaría de Hacienda muestran que para finalizar este 2016 la deuda del gobierno federal aumentó y lo mismo pasó en los estados.

El presidente Enrique Peña Nieto inició su gobierno con una deuda pública equivalente al 34% del Producto Interno Bruto. Desde entonces y a la fecha, ésta no ha dejado de aumentar y al cierre de este 2016 alcanzó al 50%.

Las cifras de Hacienda muestran que en diciembre de 2014 la deuda del país —tanto interna como externa— era de 4 mil 694 millones de pesos y para octubre de este año esa cifra aumentó a 5 mil 497 millones de pesos. Es decir, 17% más.

En los estados el panorama es similar.

En el gobierno de Peña Nieto ha habido un aumento de 11% en la deuda estatal y para al menos diez entidades 2016 termina con incrementos superiores al 20% en montos reales.

En cuanto a incremento porcentual Durango es el caso más destacado, pues cierra el año con una deuda de 7 mil 362 millones de pesos: 49% superior a 2015.

La deuda crece y todavía no es posible conocer la totalidad de ésta, pues actualmente, los gobiernos locales sólo reportan ante Hacienda los compromisos que adquieren poniendo como garantía la participación o recursos federales.

Es decir, si los estados no ponen como garantía ante sus acreedores los recursos que reciben del gobierno federal, entonces no transparentan su deuda, por lo que los incrementos registrados al cierre de este año en los compromisos financieros podrían ser todavía mayores.

En ese sentido, el peor escenario para 2017 es el de Chihuahua. El exgobernador del estado, César Duarte, dejó a la entidad con una deuda superior a los 47 mil 800 millones de pesos.

Ese monto es inferior sólo a la deuda de la Ciudad de México y Nuevo León. Pero si se compara en términos del PIB, Chihuahua arrancará el próximo año como la entidad más endeudada, pues tiene comprometido el 9% de su Producto Interno Bruto.

Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2017 la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y Municipios entrará en vigor para todos los estados del país (para los municipios será en 2018).

En términos de esa legislación, la deuda que adquieran los estados sólo podrá destinarse a inversión productiva, refinanciamiento de los adeudos y no a gasto corriente, como ocurre actualmente en las entidades federativas.

Además, la Secretaría de Hacienda deberá crear un registro público único de deuda con detalles de los adeudos, acreedores, montos, tasas de interés, plazos, tipos de garantía y fuente de pagos.