La Reforma Laboral propuesta por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y con la cual se pretenden modificar y adicionar los artículos 107 y 123 de la Constitución Política Mexicana, ambos ordenamientos referentes a la impartición de justicia en materia laboral, es acertada, porque no solo equilibrará la relación natural que existe entre los trabajadores y sus patrones, sino que además cumplirá con el derecho básico de contar con justicia pronta y expedita para todos.

Así lo valoró el abogado Gonzalo Castillo, presidente de Grupo Litigium, quien celebró la transferencia de la impartición de justicia laboral al Poder Judicial, a través de la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje estatales y federales.

En rueda de prensa, que ofreció la mañana de este jueves, el jurista apuntó que estos cambios garantizarán una verdadera justicia, por lo menos para el estado de Puebla, donde las JLCA se volvieron organismos totalmente ilegales y corruptos.

"Es bien sabido por todos que se perdían expedientes y que no había una justicia pronta y expedita como lo establece la constitución. Al entrar al Poder Judicial habrá mayor control y responsabilidad por parte de los impartidores de justicia, quienes tendrán que renunciar a prácticas inconstitucionales, sino quieren ser sancionados", comentó.

El experto precisó que esta justicia cotidiana como se le denomina, es el inicio del acomodo que sufrirá todo el sistema judicial del país, en los próximos 10 años.