Tras incumplir con el plazo establecido para que la Secretaría General de Gobierno (SGG) retomara la estructura del Instituto Registral y Catastral (IRCEP), el gobernador Rafael Moreno Valle solicitó al Congreso del Estado una prórroga para que esta disposición entre en vigor hasta el 15 de febrero de 2017.

El cambio solicitado por el Ejecutivo se da a tres meses de que el poder legislativo aprobó que la SGG, a cargo de Diódoro Carrasco Altamirano, retomara la operación del ICERP, el cual desde 2013 pasó a ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA).

El 29 de julio, en el cierre del segundo periodo ordinario de sesiones, los legisladores avalaron la propuesta hecha por Moreno Valle para que la Secretaría General de Gobierno fuera responsable de  “coordinar y vigilar el ejercicio de las funciones del Registro Público de la Propiedad y de Catastro en la entidad”, lo cual quedó asentado en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública.

Otro de los cambios que se validaron fue que el titular de la SGG sería considerado como “autoridad catastral en el estado”, aspecto señalado en el artículo 14 de la Ley de Catastro del Estado de Puebla, mientras que en el numeral 4 de la Ley del Registro Público se indica que el IRCEP es parte de la estructura de la SGG.

Asimismo, la reforma aprobada a los tres ordenamientos señala en los artículos transitorios, que el decreto entraría en vigor a los 60 días posteriores a su publicación en el Periódico Oficial del Estado, lo cual sucedió el 1 de agosto.

Sin embargo, la SGG debió de haber retomado la operación y estructura del IRCEP a partir del 1 de octubre, por lo que ante el retraso el Ejecutivo Estatal solicitó al Congreso del Estado reformar el artículo primero transitorio de las tres leyes, para que dicha disposición entre en vigor el 15 de febrero de 2017.

De esta manera, la medida propuesta por Moreno Valle se aplicará en el arranque de la gestión de José Antonio Gali Fayad, quien el 1 de febrero asumirá la titularidad del poder ejecutivo por un lapso de un año y ocho meses.