La Secretaría de la Función Pública (SFP) aplicó una sanción administrativa e inhabilitó por tres meses a la empresa poblana Constructpue de México, S.A. de C.V. por falsificar convenios para acreditar su experiencia en licitaciones convocadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

El pasado 12 de octubre el Gobierno federal boletinó a todas las secretarías y dependencias del gobierno federal la orden de abstenerse de contratar o dejar participar en licitaciones a dicha firma, creada por Víctor Hugo Karam y cuyo dueño actual es Pascual Arellano Ortiz.

El comunicado enviado a los oficiales mayores de las dependencias, a la Procuraduría General de la República (PGR) y equivalentes de las entidades de la Administración Pública federal establece que el exhorto se deriva de la resolución 09/300/1516/2016, emitida el 30 de septiembre, mediante la cual se resolvió el procedimiento de sanción administrativa.

“Esta autoridad administrativa hace de su conocimiento que a partir del día siguiente al en que se publique la presente circular en el Diario Oficial de la Federación, deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno sobre la materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con dicha persona moral de manera directa o por interpósita persona, por el plazo de tres meses”.

No obstante, se aclara que los contratos adjudicados y los que actualmente se tengan por formalizados con Constructpue están comprendidos en la determinación.

“Las entidades federativas y municipios interesados deberán cumplir con lo señalado en esta circular cuando las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se realicen con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal”.

En el documento no se aclara a cuánto asciende la sanción económica establecida contra la empresa, sin embargo señala que si en el periodo de tres meses no se paga la sanción económica, se mantendrá la inhabilitación.

Este diario publicó el 4 de septiembre que a diferencia de Puebla, la firma sí se encuentra en el padrón de contratistas del gobierno de Tlaxcala, en el que aparece como representante y administrador único María Jacqueline Hernández Ramírez.

En agosto inició el proceso administrativo

Hace dos meses la SFP inició un proceso administrativo de sanción en contra de esta empresa por falsificar convenios para acreditar su experiencia en la obra pública del Gobierno federal.

De esta manera participó y ganó la licitación para la modernización de la carretera federal México 180, tramo Cosoleacaque Jaltipan, subtramo 32+700 al kilómetro 40+400 en el estado de Veracruz.

En el procedimiento iniciado se estableció que la documentación presentada por la empresa fue apócrifa.

“En el listado de obras que presentó la empresa para comprobar su experiencia en la licitación se corroboró que dichas obras no fueron realizadas por esta empresa (apócrifas)”.

Agrega que se solicitó información al Gobierno del Estado de Puebla sobre las supuestas obras en las que participó Constructpue, instancia que respondió que no existen los números de contrato, ni las actas entrega-recepción de las obras en las que supuestamente participó esta empresa.

“Previa revisión en la base de datos de obras a los ejercicios fiscales 2009, 2010, de la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y 2011, 2012, 2013, de la actual Secretaría de Infraestructura, no existen los números de contratos y actas de entrega recepción de las obras citadas a cargo de la empresa Constructpue”, respondió la dependencia estatal.

Los fraudes de Construcpue de México y ACM

En septiembre el periódico Reforma publicó que las empresa poblanas Construcpue de México y Administradora de Capitales de México (ACM) defraudaron y ganaron contratos valuados en mil 122 millones de pesos.

Dicho rotativo informó que ambas constructoras obtuvieron en 2014 al menos 11 contratos con la dependencia federal tras falsificar convenios previos a fin de acreditar su experiencia en licitaciones.

También destacó que la SFP inició dos años después un procedimiento para sancionar a las empresas.