En el transcurso del sexenio en Puebla se han impuesto 140 sanciones administrativas a funcionarios públicos y sólo un proceso culminó en la cárcel, por incurrir en actos de corrupción durante el desempeño de su función. 

Del total de sanciones, 92 fueron impuestas por la Contraloría del estado, equivalentes al 65 por ciento del total; otras 24 fueron votadas por el Congreso, las cuales representan el 17 por ciento; mientras que 23 provinieron del municipio capitalino y una del Consejo de la Judicatura federal.

Blas Villegas Lara, ex integrante de la administración del ex gobernador Mario Marín Torres, es quien suma más inhabilitaciones, con seis, y juntas suman casi 60 años.

El gobernador Rafael Moreno Valle presentó la semana pasada una iniciativa ante el Poder Legislativo para instaurar un Sistema Estatal Anticorrupción, tema que manejó desde el inicio de su sexenio cuando se comprometió a sancionar anomalías de los integrantes de la administración de Mario Marín, aunque nunca se dictaminó alguna sanción contra el ex mandatario y actualmente se desempeña como notario público.

Sólo inhabilitaciones alcanzan a funcionarios corruptos

La Secretaría de la Contraloría del estado dejó de actualizar desde junio de 2013 su padrón de funcionarios inhabilitados, sin embargo la Secretaría de la Función Pública a nivel federal sí tiene el registro vigente de sanciones en la entidad.

De los 140 casos que reporta, 124 fueron establecidos porque se comprobó que los acusados incurrieron en negligencias administrativas.

Una decena de sanciones se fincaron por abuso de autoridad, dos por violaciones en procedimientos de contratación y una más portransgredir la normativa presupuestal.

Blas Villegas, el marinista con más sanciones

El exfuncionario que suma más sanciones es Blas Villegas Lara, quien se desempeñó como titular de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, pues tiene seis procesos que alcanzan 61 años de inhabilitación para ocupar un cargo público.

Destaca también el caso de Benjamín Cabrera Balcázar, quien era subdirector de Infraestructura de la Secretaría de Salud en el anterior sexenio, ya que suma dos inhabilitaciones por 24 años.

En el listado sobresale, además, Héctor García Muñoz, quien laboró como director de Servicios Públicos del ayuntamiento de Puebla durante la gestión de la exedil Blanca Alcalá Ruiz (2008-2011), ya que suma dos sanciones por 17 años.

El mismo periodo de sanción es para José Fabián Fernández de Lara, ya que también cuenta con dos inhabilitaciones por 19 años.

Otro caso es el de José Manuel Youshimatz Sotomayor, quien se desempeñó como titular del Instituto Poblano del Deporte (Inpode) hasta que en 2014 fue exhibido un video en redes sociales en el que un proveedor lo abofeteó al reclamarle el pago de una obra.

Las inhabilitaciones impuestas al también ex medallista olímpico por incurrir en negligencia administrativa abarcan lapsos de 12 y cinco años, es decir, 17 años, a partir de marzo y abril de 2015, respectivamente.

Sólo dos proceso penales

En el transcurso del sexenio sólo se ha ejecutado una sanción penal, la cual correspondió a José Alfredo Arango García, quien estuvo en prisión de enero de 2012 a diciembre de 2013, pues obtuvo su libertad tras pagar una fianza.

No obstante, sobre el ex secretario de Salud de la anterior gestión pesa una inhabilitación por cuatro años y tres meses, de diciembre de 2013 a marzo de 2017. Además, en julio pasado el Congreso estableció una sanción económica  por 19 mil 976 millones de pesose inhabilitación por otros 12 años, aprobadas por el Congreso del Estado.

Aunque también se giró una orden de aprehensión en contra de Javier García Ramírez desde 2011, ante los señalamientos en su contra por múltiples actos de corrupción cuando fungió como secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de la gestión marinista, hasta ahora esta no ha sido ejecutada, pues el ex funcionario continúa prófugo.

En materia administrativa la Contraloría del estado estableció tres diferentes sanciones en contra de García Ramírez, las cuales suman 21 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos.

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