En Puebla la contratación del personal pericial y forense es discrecional, los salarios son bajos y no se cuenta con el equipo necesario para que desarrollen adecuadamente su función, señaló el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C.

La agrupación civil presentó un Diagnóstico y Propuestas de Rediseño Institucional de Servicios Periciales y Forenses para las entidades de Campeche, Ciudad de México y Puebla.

El documento fue elaborado con base en encuestas a peritos aplicadas en 2014, en aspectos salario, equipos para trabajar y métodos de contratación.  

Para la elaboración del diagnóstico se realizaron en Puebla y Tehuacán 25 entrevistas individuales y una grupal a personal del área de Servicios Periciales dependiente de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) –ahora Fiscalía General del Estado (FGE)–, así como 12 encuestas a integrantes del Servicio Médico Forense que depende del Poder Judicial, en los municipios de Teziutlán y Huauchinango.

Salarios bajos

Los peritos consultados refirieron que perciben 3 mil 400 quincenales como salario, cantidad que calificaron como deplorable.

El tabulador de salarios de la administración estatal actualizado a 2016 refiere que la percepción base de los peritos suma 7 mil 756 pesos, aunque entre prestaciones y compensaciones, esta puede descender a 7 mil 637 pesos como mínimo y subir a 18 mil 113.25 pesos como máximo.

Reclutamiento de personal no es regulado

En otro punto, el Instituto refirió que de acuerdo con las opiniones recabadas, la contratación del personal pericial por parte de la FGE, y de los médicos forenses que dependen del Poder Judicial, es discrecional pues no hay mecanismos claros.

La última convocatoria difundida por la FGE para contratar personal de ese tipo requirió a los interesados someterse a exámenes de conocimientos sobre materias como Derecho Constitucional, Código Penal Libre y Soberano de Puebla,  Código Nacional de Asuntos Penales y en Derechos Humanos.

Además de tener un título académico, no tener tatuajes, no haber formado parte de alguna recomendación en Derechos Humanos y presentar las evaluaciones de control de confianza, entre otros.

Por otra parte, la asociación señala que aunque la Constitución permite a cada entidad regir la labor del Ministerio Público y de los peritos, Puebla tiene un menor desarrollo de su código, pues sólo prevé como faltas sancionables la “falsedad en las declaraciones ante la autoridad”.