El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República propuso un exhorto al gobierno del estado para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Chalchihuapan, así como a las relacionadas con un caso de exceso de fuerza policiaca y uno de violencia obstétrica.

Los senadores destacan que en su más reciente reporte la CNDH señala que la administración de Rafael Moreno Valle Rosas no ha dado cumplimiento a dichas recomendaciones por violaciones graves a los derechos humanos.

Respecto al caso Chalchihuapan enumeran que la administración estatal tiene pendientes de respuesta cinco de las 11 observaciones relacionadas con la recomendación 2VG/2014.

En el exhorto se enumeraron las 11 observaciones, entre las que destaca que “se instruya a quien corresponda para que se inicien los procedimientos de responsabilidad respectivos en contra del ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla (Facundo Rosas Rosas), así como del personal de dicha institución que participó en los acontecimientos”.

Instrucción para reparar los daños causados a las víctimas y a sus familiares en los términos más amplios y de manera integral; implementar mecanismos efectivos para la atención de esos requerimientos que privilegien el diálogo y el respeto de los derechos humanos.

También implementar estrategias para la atención de las demandas sociales en el estado que incluya la “solución pacífica de conflictos”, se abstenga de criminalizar la protesta social y prevea acciones efectivas y eficaces de coordinación institucional y proporcionar a los cuerpos de seguridad equipos de videograbación para registrar su conducta durante los operativos.

Recomendación sobre exceso en el uso de fuerza

El exhorto también se relaciona con la recomendación 56/2013 emitida en 2013 por uso excesivo de la fuerza en la entonces Procuraduría General de Justicia, que derivó en el asesinato de una persona a manos de elementos policiacos quienes fueron responsables de hacer estallar sus vísceras por las golpizas y tortura documentada.

“En este caso no ha habido ni atención a la víctima, reparación del daño, atención médica ni psicológica. No existen garantías de no repetición, el procedimiento administrativo y legal contra los servidores públicos ha sido nula”, establece.

Violencia obstétrica

El punto de acuerdo se relaciona de igual forma con la recomendación 51/2015 por la inadecuada atención médica y violencia obstétrica en el Hospital General de Acatlán de Osorio en la cual no hubo atención completa a la víctima, sigue sin ampliación la plantilla e infraestructura del hospital.

Se establece que no hay evidencias de capacitación o las hay parciales y el procedimiento contra los servidores no se ha documentado del todo, es decir, “se han simulado”.