La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) no llamará de momento a declarar a los 39 testigos del caso María Asunción Aramburuzabala y Teresa Adriana Pérez Romo.

María Asunción Aramburuzabala acusó a Teresa Adriana Pérez Romo, esposa de Joaquín López-Dóriga, de haber intentado extorsionarla con 5 millones de dólares.

En junio de 2016, el juez federal José Díaz de León Cruz concedió un amparo a la inmobiliaria Abilia, propiedad de María Asunción Aramburuzabala, en el que se ordenaba interrogar a los vecinos de Teresa Adriana Pérez Romo.

El Octavo Tribunal Colegiado Penal determinó revocar ese fallo y argumentó que hubo un cambio de situación jurídica en la averiguación previa, pues la determinación de primera instancia fue dictada el 29 de junio, cuando la investigación se estaba integrando.

El periódico reforma publica que la PGJ capitalina archivó la indagatoria el 8 de julio de 2016 y que ya no habrá margen jurídico para que el amparo pueda continuar, porque los citatorios se giraron en una investigación que ya está cerrada.

Los representantes de la inmobiliaria Abilia presentaron un nuevo juicio de amparo en contra el último fallo de la procuraduría capitalina.

Los abogados de María Asunción Aramburuzabala intentan que las autoridades interroguen a los condóminos donde vive Teresa Adriana Pérez Romo, esposa de Joaquín López-Dóriga, porque el abogado al que denunciaron de extorsión, Mario Alberto Becerra Pocoroba, los representaba.

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