El magistrado Fernando Chevalier Ruanova se deslindó de vínculos con el Partido Acción Nacional (PAN), ante señalamientos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de que el magistrado ha sido parcial durante este proceso electoral local.

En entrevista, en la sede del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), el magistrado recordó que durante 2014-2015 fue representante legal del diputado del PAN, Mario Rincón González, pero esta cercanía con el legislador no afecta las decisiones que toma desde este órgano.

Lo anterior, después de que el PRI ha solicitado en diversas ocasiones que el magistrado se excuse de participar en los diversos asuntos que ahí se ventilan, toda vez que –señalan-  es un abogado cercano al equipo morenovallista.

“Les recuerdo que cuando su servidor, como muchos abogados poblanos, tuvimos la oportunidad de participar en el proceso de selección que convocó el Senado de la República, todos integramos nuestros expedientes y hubo un proceso de auscultación, verificación, de revisión de todos aquellos que contendimos. Y los senadores tuvieron a bien designarme porque no vieron ninguna irregularidad, porque además satisfacía todos los extremos que exigía la convocatoria del Senado”, señaló.

El magistrado sostuvo que la representación del PRI está en su derecho de solicitar que se excuse en diversos asuntos, pero aseguró que su trabajo lo lleva a cabo de forma imparcial.

El magistrado también rechazó que las sentencias resueltas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se generen por una supuesta parcialidad en su función en el TEEP, -a favor del PAN y de partidos políticos aliados-, como fue el caso reciente del Pacto Social de Integración (PSI).

“Los institutos jurisdiccionales en materia electoral gozamos de autonomía e independencia y las resoluciones que emite la Sala Superior son dignas de observarse y respetarse, ya en alguna otra ocasión hablamos de otro particular. No siempre los criterios de la Sala Superior coinciden con los criterios de los estados. Es una resolución apegada a derecho, como la que nosotros dictamos. Ninguna resolución deja de cumplir ese extremo legal y todas están resueltas con toda la legalidad”, sostuvo.

El magistrado fue electo el año pasado por un periodo de tres años. Fue el Senado de la República el que otorgó su nombramiento, aunque en su momento senadoras del PRI pretendían impugnarlo.