Ciudad de México. De acuerdo a la Asociación de Autoridades Locales de México A.C., el estado de Puebla se encuentra entre las diez entidades del país más peligrosas para las autoridades municipales. Y así lo confirman los asesinatos cometidos contra alcaldes y ex alcaldes poblanos durante el actual gobierno estatal, advierten senadores del PRI.

Recordaron que de acuerdo a datos oficiales, los delitos que mayor incremento registraron entre 2006 y 2012 fueron el homicidio doloso (84%), la extorsión (130%) y el secuestro (92%), por lo que en junio pasado el Senado de la República aprobó diversas reformas en materia de seguridad pública, mejor conocida como “Mando Mixto de las Policías” y turno el asunto a la Cámara de los Diputados.

Y es que la delincuencia no sólo afecta a la población civil, sino también a los servidores públicos e integrantes de las fuerzas armadas de la Marina y del Ejército.

Los legisladores del PRI advierten que aunque la federación cumpla sus responsabilidades en materia de seguridad pública, no se puede tener éxito en el combate contra la delincuencia si los gobiernos estatales y municipales no cumplen la parte que les corresponde, sobre todo en determinadas regiones del país.

“Llama la atención la situación de vulnerabilidad a la que están expuestos los servidores públicos del orden municipal en Puebla, donde se han registrado múltiples hechos delictivos en contra de alcaldes y ex alcaldes pertenecientes a esa entidad federativa, son varios los ejemplos deplorables desde 2011 a la fecha”, advierte los senadores.

Como ejemplo de la violencia contra funcionarios municipales poblanos, los legisladores destacan que el 20 de abril de 2013 fue asesinado en su propio domicilio el ex presidente municipal de San Salvador el Verde, José René Garrido Rocha. Y presuntamente el móvil fue el robo.

El 8 de febrero de 2015 el ex alcalde de Cuapiaxtla de Madero, Santos García Machorro, fue encontrado muerto por arma de fuego y punzocortante en su domicilio. En esos mis hechos también perdieron la vida dos de sus familiares.

El 24 de mayo de 2015, dos hijos del ex alcalde de Zihuateutla, Juan Ojeda González, estaban en calidad de “desaparecidos”,

El 25 de mayo de 2015, el Regidor del Ayuntamiento de Chignahuapan, Salvador Méndez Morales, perdió la vida por arma de fuego a manos de sicarios. No se descartó el móvil político.

El 7 de diciembre de 2015 fue asesinado con arma blanca Manuel Gómez Fosado, nieto del ex edil de Xicotepec, Israel Gómez Díaz. Las autoridades habían señalado que existían denuncias de probable secuestro del exalcalde y también empresario.

El 19 de abril de 2016 el ex presidente municipal de San Felipe Xochiltepec, Eustacio Tarcisio Lorenzo Marcos, fue asesinado con disparos de armas largas por un comando que lo interceptó en el municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla. En su anterior periodo como presidente municipal (2008-2011), denunció que había sido amenazado de muerte por parte de un grupo criminal.

El 15 de julio de 2016 el ex alcalde del municipio de Domingo Arenas, Neftalí Hernández Mejía, fue asesinado con arma de fuego a plena luz del día, luego de haber retirado dinero de un cajero automático en Huejotzingo.

El 2 de agosto de 2016, perdió la vida por impactos de bala, José Santamaría Zavala, alcalde de Huehuetlán el Grande, cuando regresaba a su hogar en compañía de su secretaria; ambos fueron emboscados con armas de grueso calibre. La Fiscalía General del Estado informó que su primera línea de investigación es el robo de la nómina del ayuntamiento.

“Como se aprecia, en la presente administración estatal del Estado de Puebla se han registrado los hechos más sangrientos en contra de servidores públicos del orden municipal y sus familiares”, recalcan los senadores priístas.

Añaden que la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las autoridades locales del país, las coloca como blanco de la delincuencia, “llegando a casos extremos como en Puebla, donde a pesar de la reincidencia, poco o nada se ha hecho para protegerlas, dando lugar a una franca descomposición social”, denunciada incluso por la Asociación de Autoridades Locales de México A.C.

Por ello, el grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República, presentará ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para proponer que éste órgano legislativo solicite al gobierno estatal de Rafael Moreno Valle un informe detallado del número de servidores públicos del orden municipal que han perdido la vida por causas externas o han sido víctimas de secuestro o extorsiones, del 1 de febrero 2011 al 10 de agosto de 2016. Y que se informe también del número de personas procesadas por tales hechos.

Además, solicitar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla un informe detallado de las acciones llevadas a cabo ante presuntas omisiones de las autoridades estatales para salvaguardar la seguridad y los derechos humanos en los 217 municipios, así como las recomendaciones públicas que, en su caso, haya hecho a diversas autoridades estatales y municipales, del 1 de febrero de 2011 al 10 de agosto de 2016.

El documento también propone solicitar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, un informe detallado de las acciones llevadas a cabo para atender a cualquier persona en calidad de víctima, sin importar el fuero de los delitos o violaciones a sus derechos, en el marco del Convenio de Colaboración signado con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, el pasado 14 de septiembre de 2015.