El asesinato del presidente municipal de Huehuetlán El Grande, José Santamaría Zavala, en la carretera Valsequillo-Tecali cuando se dirigía a su domicilio esta madrugada, es un signo de alarma que debe ser atendido por las autoridades.

Así lo explicó Maribel Flores Sánchez, catedrática del Departamento de Relaciones Internacionales del Instituto Tecnológico de Monterrey y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en Puebla, quien resaltó que el asesinato se une a la “ola de violencia” que se presenta en el país y que es necesario detener.

“Es lamentable lo que está pasando. Ya llevamos más de 70 ediles –asesinados- en distintos estados de la República. No podemos seguir así. Ahora los ciudadanos no estamos seguros de que si elegimos un representante político, este durará en el cargo o se tenga que adaptar a determinadas circunstancias para no ser víctima de la violencia”, comentó.

En entrevista, la académica destacó que las autoridades del estado y de la federación deben realizar las investigaciones correspondientes y dar con los responsables del asesinato del edil y de todos los actos violentos de los últimos días.

“La ciudadanía ya pide un alto pero también que los asesinatos y los actos violentos no queden en la impunidad, sin ser sancionados. La sociedad pide que se detenga la violencia pero que se sancione a quienes están cometiendo delitos”, comentó.

Para la académica del ITESM Puebla, el asesinato del edil de Huehuetlán El Grande no abona a la estabilidad de Puebla, ni del  país, y advirtió que si en la entidad crece la violencia, nuevas inversiones ya no llegarán y las que están se pueden ir.

“Un clima de violencia e inseguridad no abona para nada a la estabilidad, ni en el aspecto político, ni en el aspecto económico. Puebla tiene problemas de violencia internos que deben ser atendidos”, resaltó.

La académica comentó que en Puebla se requiere una estrategia integral para erradicar la violencia que va desde una mayor capacitación de los cuerpos policiacos, mayor inversión para implementar sistemas de investigación de delitos, sanciones a los responsables de violencia y políticas para fomentar valores.