Sergio Salomón Céspedes Peregrina, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, exigió una investigación a fondo que derive en sanciones penales y administrativas en contra de los responsables de operativo del 22 de julio en la 8 Poniente, debido a que “pudo suceder una tragedia”.

El también diputado priísta se sumó a la postura de la dirigencia estatal de su partido y de los diputados federales del tricolor para pedir la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión de Derechos Humanos en el estado o de cualquier instancia que deslinde responsabilidades.

Céspedes Peregrina calificó de “irresponsable” organizar un operativo contra el comercio informal en una hora pico, con una gran cantidad de gente en el Centro Histórico y en periodo vacacional.

“Pudo haber sucedido una tragedia. Se debe hacer un análisis de la aplicación de los protocolos. Necesita haber una mayor planeación e inteligencia para llevar a cabo este tipo de operativos. Se necesita agotar el diálogo antes de optar por estas medidas”, subrayó.

Manifestó que al interior de la Comisión se analizará la posibilidad de emitir un exhorto para investigar los hechos y determinar las sanciones.

La Ley Bala no debe derogarse

El legislador reconoció que en el operativo se violentaron los lineamientos de la “Ley Bala”, debido a que se accionaron armas de fuego, las cuales están prohibidas en dicha legislación.

Recordó que la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el estado únicamente autoriza la utilización de armas “no letales” cuando se pone en riesgo la gobernabilidad, lo que tampoco sucedió en el operativo.

Sin embargo, desde su opinión “debe mantenerse vigente” el ordenamiento que derivó en el operativo de Chalchihuapan, en el que murió el niño José Luis Tlehuatlie Tamayo.

“Si se obedeciera la ley, este tipo de situaciones no existirían. No es la regla, el problema es que no se cumple a cabalidad. Por ello se deben establecer sanciones”.