Recursos no ejercidos del programa de modernización 2012 e incumplimiento de contratos para la digitalización de las características catastrales y registrales de los inmuebles que hay en la entidad, forman parte de las irregularidades en las que incurrió Alejandro Manuel Pagés Tuñón como director del Instituto Registral y Catastral (IRCEP).

El ahora ex funcionario estatal no pudo comprobar un gasto por 36 millones 621 mil pesos que realizó durante su gestión, por lo que el Congreso local inició en su contra un Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades.

Los decretos por los que el Poder Legislativo autoriza a la Auditoría Superior del Estado a ejecutar dichos procedimientos fueron publicados desde el 20 de mayo en el Periódico Oficial pero con posterioridad se presentaron en la edición digital.

Vida corta del IRCEP 

En diciembre de 2013 los diputados locales aprobaron una iniciativa del gobernador Rafael  Moreno Valle para extinguir el IRCEP –que había sido creado en 2011–, debido a que este no pudo modernizarse a través del esquema de bursatilización de los recursos que capta.  

Así, las funciones de registro de propiedades fueron absorbidas por la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) y las del Registro Civil por la Secretaría General de Gobierno (SGG).

Pagés fue relevado del cargo en agosto de 2013, acusado por la administración estatal de incumplir con las metas del programa demodernización del Instituto, no obstante su salida ocurrió después de que se ventiló un video en el que se aprecia como corre a gritos a una persona que en ese entonces era empleada del organismo. 

Fracasó el proyecto SIRCEP

Entre las anomalías expuestas por el Poder Legislativo destaca el incumplimiento de un contrato otorgado a la empresa Infotec para el desarrollo del proyecto Sistema de Información Registral y Catastral del Estado de Puebla (SIRCEP), el cual hasta ahora no ha sido instaurado.

Ese esquema planteaba el registro de las características de los inmuebles ubicados en el estado, mediante procesos que vincularan su información registral y catastral.

Los diputados también señalaron que el ex director no comprobó la ejecución de un proyecto para renovar el portal de pagos electrónicos, el cual estuvo a cargo de la misma empresa.

De igual manera tampoco pudo comprobar la realización de un contrato que otorgó a la firma Servicios Profesionales GISNET SC., para la digitalización, captura jurídica y validación del acervo documental correspondiente a los últimos 20 años de los registros públicos de la propiedad.

Incluso, los legisladores identificaron recursos no ejercidos provenientes de intereses del convenio de colaboración del Programa de Modernización de Catastros 2012.

Tampoco aparecieron materiales de construcción

Las revisiones a la labor de Pagés también evidenciaron la inexistencia de materiales de construcción que fueron adquiridos a las empresas Grupo Comercial del Centro Hacks S.A. de C.V. y a las firmas identificadas con los proveedores Guadalupe Barragán Vaquier y Luis Alberto Munguía Nava.

De esa manera, Alejandro Pagés no pudo comprobar un monto por 36.1 millones que aplicó en el lapso del primero de enero al 31 de diciembre de 2012 y otro por 414 mil 920 pesos correspondientes al periodo del primero al 19 de agosto de 2013.