A dos años del desalojo violento de policías estatales contra pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, continúa la misma política de represión y existe impunidad en el caso, declaró el integrante del Centro de Defensa y Difusión de Derechos Humanos “José Luis Tehuatle Tamayo”, Hilario Gallegos Gómez.

Fue el 9 de julio de 2014 cuando pobladores de la junta auxiliar bloquearon la caseta Puebla-Atlixco para exigir el regreso del Registro Civil a su comunidad. Tras esto, el gobierno del estado utilizó la fuerza pública para desalojar a los inconformes.

Los uniformados utilizaron armas con balas de goma y gases que ocasionaron la muerte del menor José Luis Tehuatle, hijo de Elia Tamayo.

En entrevista, Gallegos Gómez comentó que durante este tiempo no ha habido castigo para el ahora exsecretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas, quien tuvo responsabilidad en los hechos al avalar el uso de armas con balas de goma.

Agregó que tampoco la administración del gobernador  Moreno Valle ha cumplido al cien por ciento las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en torno al caso.

Aunque actualmente los pobladores viven en calma, se encuentran molestos porque no se hizo justicia y también porque el exedil de Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, se encuentra preso, señaló.

“La comunidad está en paz, está tranquila, pero hay molestia porque no se ha hecho justicia para doña Elia y esto es resultado de la impunidad que se vive. Hubo más de 10 víctimas, entre policías y pobladores. A dos años de la represión que vivió el pueblo de Chalchihuapan aún no están cumplidas las recomendaciones que la CNDH le dio al estado”, dijo.

Hilario Gallegos lamentó que el gobernador Rafael Moreno Valle esté “más preocupado” en sus aspiraciones para la presidencia del 2018 que  en atender cabalmente todas las recomendaciones del organismo.

Resaltó que a pesar de los hechos la represión continúa, pues citó el ejemplo del edil de Santa Clara Ocoyucan, Francisco Cimarrón, quien fue detenido por oponerse a la administración actual.

“Facundo Rosas está libre y esto habla de una impunidad a nivel general. Es lamentable que Rafael Moreno Valle esté más ocupado en su imagen para la presidencia en lugar de cumplir las recomendaciones en torno a este caso. El estado, en cuanto a represión, sufrió más. Los demás poderes están sometidos al Ejecutivo”, puntualizó.

Según el gobierno del estado, “la  Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) notificó (…) al Gobierno de Puebla, el cumplimiento cabal del sexto punto de la recomendación 2VG/2014, emitida por el caso Chalchihuapan, el cual instruye el ofrecimiento de una disculpa pública 

institucional a las víctimas y a sus familiares por los agravios generados por los servidores públicos de las dependencias a su cargo, disculpa que fue ofrecida a la señora Elia Tamayo y a los demás afectados, el pasado 23 de marzo del año en curso”.

Hilario Gallegos señaló que a pesar de este anuncio la CNDH aún no da por cumplida esta recomendación.