Aunque Puebla recibió recursos federales superiores en un 40 por ciento al promedio nacional para poner en marcha el nuevo Sistema de Justicia Penal (SJP), la entidad no ha tenido un avance constante y suficiente para obtener un nivel óptimo en la implementación de ese esquema.

Así lo concluyó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en un análisis que realizó sobre los avances que los estados del país tuvieron hasta mayo pasado en la ejecución del nuevo modelo de impartición de justicia.

El 18 de junio de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma para el establecimiento de un nuevo sistema de justicia penal en el país. Las entidades tenían como plazo para implementarlo el 18 de junio de 2016.

El nuevo modelo plantea un sistema de corte acusatorio-adversarial y oral, el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos o “justicia alternativa”; la posibilidad de que la víctima u ofendido de algún delito pueda solicitar a un juez el ejercicio de la acción penal, sin la intervención del Ministerio o Fiscal Público.

De igual manera, establece el fortalecimiento de la investigación, al dotar a la policía de autonomía técnica y funcional para realizar la investigación de los delitos, además de la creación de Jueces de Ejecución de Sentencias, mismos que revisarán las penas impuestas a los sentenciados y resolverán acerca de su modificación y duración, de acuerdo con la conducta y el grado de readaptación del reo.

Pese a altos recursos, Puebla se rezaga

El informe concluyó que Puebla recibió 140 millones 995 mil 708 cuatro pesos del gobierno federal entre 2012 y 2016 para poner en marcha el SJP, cifra que es 40 por ciento superior a la que en promedio recibió el resto de los estados del país, que fue de 115 millones.

Sin embargo, su nivel de implementación es “medio alto”, categoría que es seguida por los rangos de “alto” y “óptimo”.

“Aun cuando ha recibido más que el resto de entidades, no ha tenido un avance constante y suficiente para obtener el nivel óptimo”, citó el IMCO en su reporte.

El presupuesto que el estado asignó al programa entre 2012 y 2016 fue de 387 millones 506 mil 673 pesos.

El análisis establece que algunas de las razones para que Puebla no haya avanzado de manera más adecuada, se debe a que en los últimos años ha aumentado la percepción de inseguridad que tienen los ciudadanos, así como a problemas en la construcción de infraestructura.

Según las ediciones de 2012 a 2015 de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), el porcentaje de poblanos que se sienten inseguros creció del 58 al 67 por ciento en ese periodo.

En contraste, la tasa de homicidios, que fue otro factor tomado en cuenta por el IMCO, disminuyó entre los años de 2012 y 2016, al pasar de 10 a 4 homicidios por cada 100 mil habitantes, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

El informe también midió el número de menciones que el nuevo SJP tuvo en medios de comunicación locales, en aspectos como avance, rezago, capacitación, presupuesto e infraestructura.

Según las valoraciones, los medios hablaron más de avances (12 menciones), así como de infraestructura (seis menciones).