Aunque es positivo que el presidente Enrique Peña Nieto haya regresado al Senado la Ley 3de3 para modificar el artículo 32, el mandatario nacional aún quedó a deber debido a que no tomó en cuenta el artículo 29 que estableció que los funcionarios no hagan pública su declaración patrimonial, declaró la profesora de la Facultad de Ciencias Políticas de la Upaep, Claudia Ramón Pérez.

En entrevista, la politóloga detalló que el presidente Peña Nieto tendría que atender el llamado de los ciudadanos y de la academia sobre que los políticos tienen que hacer pública su declaración patrimonial y sin restringir información, y lamentó que no se haya planteado revisar el artículo 29 que alude a ese tema.

“Es positivo – revisar la ley- en el sentido de que resultaba ciertamente un exceso de que las empresas tenían que dar a conocer sus declaraciones patrimoniales.  Sin embargo, hay un punto que queda a deber el presidente que es el artículo 29, de responsabilidades, el cual buscaba transparentar la declaración patrimonial de los servidores públicos, dijo.

Ramón Pérez comentó que con la decisión tomada por Peña Nieto se garantizará que no exista confrontación alguna entre el sector empresarial y el gobierno. 

Añadió que uno de los puntos por el cual se pudo “bloquear” la Ley General de Responsabilidades Administrativas, fue debido al diálogo sano que hubo entre ambas partes.

“Tendría –el gobierno- que atender a los requerimientos de la sociedad y de los académicos. El estado, como tal, tiene que garantizar a los ciudadanos la seguridad. No podemos dejar que  hagan y deshagan; el diálogo es la mejor solución", apuntó.

Claudia Ramón subrayó que está decisión no solo traerá repercusiones positivas para los empresarios sino también para el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El presidente Enrique Peña Nieto devolvió al Senado el artículo 32, incisos B y C, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para su modificación, ya que estipulaba que los empresarios presentaran  declaración fiscal, patrimonial y de intereses al hacer negocios con entidades públicas.