El presidente Enrique Peña Nieto aplicó la facultad de veto y devolverá al Senado de la República para su análisis la ley general de responsabilidades, también conocida como ley 3 de 3.

Para ello, de acuerdo con el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, Enrique Peña Nieto pedirá que se solicite un periodo extraordinario.

Será puesto a discusión el artículo 32 en su inciso B y C, así como otros 15 artículos más, de la mencionada ley.

En esencia, dichos artículos señalan que todo particular sea una empresa o ejerza recursos públicos debe presentar sus declaraciones patrimoniales, dar a conocer a la autoridad todo su patrimonio, además señala que todas las empresas así como sus empleados, sin importar su función dentro de la misma, tendrían que presentar la misma declaración.

Sin embargo, según Castillejos, “No se disminuye la capacidad de sancionar a particulares que actúen de forma irregulares ante el estado”.

Finalmente, puntualizó, durante un mensaje a medios de comunicación, que “las observaciones tienen como objetivo colaborar con el poder Legislativo para garantizar que todas las normas que se aprueben”

“El Gobierno de la República está convencido de que por ningún motivo se debe retrasar el Sistema Anticorrupción, que a su decir, es de y para los ciudadanos”.