En el próximo periodo extraordinario de sesiones, los senadores del PRD persistirán en el combate a la corrupción y preservarán la esencia de la llamada Ley 3 de 3 porque se trata una iniciativa que expresa el mayor esfuerzo ciudadano en contra de la corrupción,  aseguró el coordinador parlamentario Miguel Barbosa Huerta.

En un comunicado de prensa señaló que en el documento que se distribuyó el lunes 30 de mayo, se establece un registro de servidores públicos restringido porque el conocimiento detallado de su situación patrimonial y de intereses sólo será posible cuando los servidores expresamente lo consientan.

“Evidentemente esta propuesta no satisface las expectativas ciudadanas, que exigen transparencia a sus gobernantes. Desde mi perspectiva, las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal deben tener carácter de público y no podrá ser reservado su acceso”, consideró.

El senador Miguel Barbosa Huerta señaló que el Sistema Nacional Anticorrupción debe establecer de manera precisa los mecanismos de inscripción de información ante el sistema de evolución patrimonial y de declaraciones de intereses y fiscal.

Dijo que la declaración patrimonial deberá incluir los montos de ingresos y sus fuentes, el valor y tipo de bienes muebles e inmuebles; el valor de inversiones que posea y su naturaleza, así como todos los datos necesarios para su identificación plena.

Además, los saldos de cuentas bancarias; los derechos derivados de fideicomisos; los créditos, deudas, hipotecas o préstamos; los convenios o contratos referentes a servicios, uso, disfrute y usufructo de bienes o que generen derechos, excluyan obligaciones u otorguen beneficios y sus contraprestaciones, y en general cualquier derecho o carga de carácter patrimonial.

Respecto a la declaración de intereses, el coordinador de los senadores del PRD dijo que en ella se deben incluir aquellas actividades e ingresos ajenos a su función pública, para prevenir conflictos entre los intereses privados y el sector público, incluyendo actividades profesionales y económicas.

Además, precisar si el servidor público pertenece a mesas directivas, consejos o figuras análogas, señalando particularmente los casos en que se le confieran funciones de asesoría, administración y vigilancia; su participación en asociaciones y organizaciones sin fines de lucro o de asistencia privada.

También, sus intereses económicos y financieros, actividades empresariales, mandatos o prestación de servicios de representación o asesoría, incluso en carácter honorario ante cualquier entidad con personalidad jurídica.

En cuanto a la declaración fiscal, dijo Barbosa Huerta, será la que aparece en la declaración anual a la que hace referencia la Ley del Impuesto Sobre la Renta. “Mantendremos nuestras propuestas para combatir los moches y el tráfico de influencias”, sostuvo.