La falta de credibilidad de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y del G5, línea directa para denuncias de participantes en la elección a la minigubernatura, fue cuestionada por  el abogado Víctor León Rueda, quien aseguró que aunque denunció  de que en unas 10 casas había actividad, enseres, despensas y presumiblemente dinero para la compra de votos para el candidato Antonio Gali, la autoridad se negó a investigarlas.

“Pese a que dimos santo y seña, ni la Fiscalía General ni la Fepade  han querido hacer ni un solo cateo a los inmuebles señalados porque está implicado el Partido Acción Nacional. La jornada se acabará, la evidencia nunca será confiscada ni la denuncia investigada. Al igual que los acarreos, nunca llegaron para dar fe de los delitos”, señaló a este medio ayer durante la celebración de los comicios.

Aunque no reveló nombres para no romper el sigilo de la denuncia, León aseguró que las casas de presidentes municipales y diputados fueron usadas de bodegas y centros de operación en la compra de votos.

El litigante acusó que los cateos que se llevaron a cabo fueron con denuncias que implicaban al Partido Revolucionario Institucional (PRI) u otros partidos con los que la autoridad no tuvo miramientos.  

Aseveró que Diódoro Carrasco, secretario de Gobernación se comprometió a que cualquier acción de incidencia como posible delito electoral sería  atendida de urgencia, sin prejuzgar, pero no cumplió.